El Gobierno de Cantabria espera que la ampliación de Aguayo "sea una realidad en 2030"

Cantabria tiene en tramitación proyectos eólicos por 483 MW y espera que una "gran parte" comiencen a funcionar esta legislatura

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) confía en que la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo impulsada por Repsol sea una "realidad en 2030" y espera en que el proyecto no se vea afectado por la intención del futuro Gobierno PSOE-Sumar de hacer "permanente" el impuesto a las energéticas.

Así lo ha indicado este lunes en el Pleno, a preguntas de Vox, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, quien ha señalado que este proyecto supone una inversión de más de 600 millones de euros y sus obras generaría "puntas" de empleo de cerca de un millar de personas.

Por ello, considera que el proyecto será un "revulsivo extraordinario" para la economía de Cantabria y una infraestructura "crucial" para los objetivos de descarbonización de España y una actuación "estratégica" clave para la gestión del sistema eléctrico y la integración de las renovables.

Arasti ha recordado que para que las empresas inviertan se precisa de una "rentabilidad razonable" y también un "entorno regulatorio estable y predecible", un segundo aspecto que se ha visto alterado por el impuesto a las energéticas.

El consejero ha señalado que desde Repsol ya se ha advertido que este gravamen podría afectar a sus proyectos industriales en España.

También, a preguntas de Vox, el consejero ha asegurado que el Gobierno va a aprobar el plan de sostenibilidad energética 2021-2030 que está en tramitación, aunque se esperará a que se apruebe el plam naconal integrado de energía y clima para que ambos estén "alineados".

Arasti se ha referido a algunos de los objetivos que fija el plan energético respecto a los megawatios de energía eólica marítima y terrestre que se prevén tener en el horizon 2030.

Así, hay previstos 50 MW de energía eólica offshore --diez veces menos que los previstos por el anterior Gobierno-- y 700 MW de eólica terrestre.

El consejero ha opinado que este objetivo de los 700 MW de energía eólica terrestre es "alcanzable".

Según ha dicho, en estos momentos, están en tramitación parques que suman 483 MW y confía en que "una gran parte" de estos proyectos esten comenzando a producir energía en esta legislatura.

Según ha indicado, en estos momentos hay circo parques, que suman una potencia de 140 MW, que están tramitando la autorización de construcción y que espera que estén aprobadas "antes de final de año".

Hay otros seis, que suman 153, que están tramitando la autorización previa y otros dos, el del Escudo y Bustasur que son de tramitación nacional.

SOLVAY

También en el Pleno de hoy, en este caso a preguntas del PRC, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado cuentas de las gestiones llevadas a cabo por su Gobierno en torno a la industria, en concreto para avanzar en la situación de Solvay y Siemens Gamesa Reinosa, a preguntas del PRC, que le ha pedido que "haga algo" y que "tome las riendas".

Respecto a Solvay, ha indicado que en septiembre se reunieron para impulsar el proyecto de transición energética que lleva "cinco años intentando salir adelante sin éxito", y que ya está en marcha el grupo de trabajo para agilizar el proyecto para la caldera de biomasa que supone el primer hito de la empresa, que ya estaría tramitándose en la Dirección General de Industria.

Además, se ha comprometido a apoyar su nuevo proyecto de producción bicarbonato sódico tanto con incentivos del Gobierno regional como ante el Gobierno central.

En cuanto a Gamesa, con la que Buruaga ha asegurado tener comunicación "permanente", ha trasladado su apoyo "decidido" a las inversiones que aseguren la continuidad de la planta en Reinosa.

La presidenta ha llamado a la tranquilidad y ha remarcado la trayectoria centenaria de ambos grupos, remarcando que ninguno de los problemas que atraviesan radica en las plantas de Cantabria, como tampoco su solución, que en el caso del plan energético de Solvay pasa por la Comisión Europea y el Gobierno central, al que ha acusado de hacer una "política nefasta" que "daña" de las industrias.

Así, éstas "toman decisiones" como marcharse de España, como Ferrovial, o se plantean continuar con sus proyectos, como ha indicado Repsol, ha lamentado Buruaga. Aún así, ha dicho que "todos uniremos fuerzas" y que el Gobierno regional no estará "con los brazos cruzados" porque "no queremos más 'Sniaces' en Cantabria".

El PRC ha trasladado a Buruaga que la situación industrial está pasando de "marejada a fuerte marejada y no vemos ni patrón ni maquinista", a lo que la presidenta ha respondido que "no radiamos todo lo que hacemos" y que, aunque no trascienda públicamente, ella y sus consejeros están "permanentemente" al lado de las empresas --además de Solvay y Gamesa ha citado varias más--.

ROBO DATOS REGISTRO ANIMALES DE COMPAÑÍA

En el Pleno el PRC también ha interpelado al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, por el robo de datos acaecido en septiembre en el Registro de Animales de Compañía de Cantabria (RACIC), y ha censurado la gestión que ha llevado a cabo de este asunto.

Así, el diputado regionalista y exconsejero del área Guillermo Blanco han vuelto a acusar a Palencia de haber intentado "minimizar" el problema y de haber mantenido "ignorantes" y sin informar durante 17 días a los afectados --los inscritos en el Registro-- y de, finalmente, haberlo hecho a través de una publicación en el Boletín Oficial de Cantabria cuando es un instrumento que "la mayoría no lee", y no usando otros medios más masivos que se habían propuesto a la Consejería.

Frente a estas acusaciones, el consejero ha defendido la gestión realizada de este problema y ha asegurado que "nunca jamás minimizó lo ocurrido", acusando a los regionalistas de "tergiversar" sus palabras y mostrando su "decepción" con Blanco.

Palencia ha asegurado que se ha gestionado con "transparencia" y con la asesoría de los servicios jurídicos.

Así, ha defendido que se suspendió el acceso al Registro desde el mismo día en que se produjo el robo de datos, que se denunció tres días después, el día 11, en el que también se comunicó a la Agencia Española de Protección de Datos.

En cuanto a la comunicación de lo ocurrido a los más de 137.000 afectados (que son aquellos que forman parte del inscrito), ha justificado los mecanismos usados para comunicárselo, descartándose la comunicación individualizada y optando por una "pública".

A los que sí se informó de forma individualizada fue a los "usuarios" del registro, que son los veterinarios autorizados para el acceso al RACIC.

"Confunde las churras con las merinas", ha recriminado a Blanco, al que ha acusado de "no enterarse" y de haber mezclado los conceptos de usuario y de afectado.

NUEVO PUENTE DE SANTOÑA

Por otra parte, los regionalistas han preguntado al consejero de Fomento, Roberto Media, si va a ejecutar el proyecto del nuevo puente a Santoña.

El consejero ha señalado que va a seguir con el proyecto pero ha advertido que los plazos del mismo "son bastante largos" porque, según ha dicho, "no hay nada hecho", algo de lo que discrepan los regionalistas.

Media ha anunciado como primer paso el encargo de un estudio geotécnico que podría estar "en los próximos meses" que determinará si la actuación se realiza sobre el puente actual o sobre uno en paralelo. Cuando se tenga ese informe, se presentará al ayuntamiento y se decidirá qué hacer.