El Gobierno deniega la moratoria de la planta de cloro de Solvay

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha denegado la ampliación de plazo solicitado por la empresa Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio.

   De este modo, la producción de cloro con esta técnica de la factoría del Besaya tendrá que concluir el 11 de diciembre de este año.

   Así lo ha anunciado hoy el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacios, quien ha subrayado que se trata de una decisión de carácter jurídico para no contravenir el Reglamento europeo, y que se adopta tras dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria en este sentido.

   De hecho, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria adopta esta decisión "claramente en contra de su voluntad" y únicamente porque es conforme a derecho.

   Contra la misma cabe recurso ante la Administración y posterior en la vía del Contencioso-Administrativo.

   La empresa conoce la decisión pero oficialmente se le notificará "hoy o mañana" y en el Gobierno no saben qué hará. "Lo están estudiando", ha dicho Palacio, quien ha insistido en que la denegación de la prórroga es "de las noticias que uno no quiere dar" porque "no es buena".

   "Ojalá Solvay y la empresa portuguesa CUF tiren para adelante y sea una parada temporal", ha deseado el director general, que ha recordado que actualmente la planta ofrece "cien puestos de trabajo de los buenos".

   En rueda de prensa, Palacio ha explicado que la moratoria de "entre un año y medio y dos años" solicitada por Solvay en 2016 para mantener la factoría de Barreda de producción de cloro abierta mientras sustituye la actual tecnología de mercurio por la de membrana, como establece la Unión Europea, ha sido objeto de dos informes favorables de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y de dos informes en contra de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, que "determinan con claridad que no cabe ampliar el plazo".

   Además, los informes jurídicos "desconocen" en qué se han basado las moratorias de producción en otros países aducidas por Solvay, como en Suecia,, no han podido comprobar los hechos y, en todo caso, son anteriores al Reglamento de la Comisión Europea, es decir, al ordenamiento jurídico actual, por lo que el expediente de Solvay "se ha dado por finalizado".

   "El Gobierno de Cantabria entiende que el proyecto de Solvay genera beneficios económicos, sociales y ambientales en Torrelavega y Cantabria y tiene todo el interés en ampliar el plazo para que el proyecto se ejecute, pero respeta los informes de los Servicios Jurídicos porque para el Gobierno no hay nada por encima de la ley", ha remarcado Palacio, que ha basado en esta posición la negación de la ampliación de plazo solicitada.

   Ahora, son Solvay y CUF quienes deben decidir si continúan o no con su proyecto puesto que se trata únicamente de una decisión empresarial, ha insistido el responsable de Medio Ambiente.