El Gobierno deniega la moratoria de Solvay

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha denegado la ampliación de plazo solicitado por la empresa Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio.

De este modo, la producción de cloro con esta técnica de la factoría del Besaya tendrá que concluir el 11 de diciembre de este año, que es la fecha en que finaliza el plazo de cuatro años para que las plantas de cloro-álcali de la Unión Europea cambien la tecnología de mercurio por membrana, menos contaminante.

Así lo ha anunciado hoy el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacios, quien ha subrayado que se trata de una decisión de carácter jurídico para no contravenir el Reglamento europeo, y que se adopta tras dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria en este sentido.

De hecho, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria adopta esta decisión "claramente en contra de su voluntad" y únicamente porque es conforme a derecho.

Contra la misma cabe recurso ante la Administración y posterior en la vía del Contencioso-Administrativo.

La empresa conoce la decisión pero oficialmente se le notificará "hoy o mañana" y en el Gobierno no saben qué hará. "Lo están estudiando", ha dicho Palacio, quien ha insistido en que la denegación de la prórroga es "de las noticias que uno no quiere dar" porque "no es buena".

"Ojalá Solvay y la empresa portuguesa CUF tiren para adelante y sea una parada temporal", ha deseado el director general, que ha recordado que actualmente la planta ofrece "cien puestos de trabajo de los buenos".

En rueda de prensa, Palacio ha explicado que la moratoria de "entre un año y medio y dos años" solicitada por Solvay en 2016 para mantener la factoría de Barreda de producción de cloro abierta mientras sustituye la actual tecnología de mercurio por la de membrana, como establece la Unión Europea, ha sido objeto de dos informes favorables de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y de dos informes en contra de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, que "determinan con claridad que no cabe ampliar el plazo".

Además, los informes jurídicos "desconocen" en qué se han basado las moratorias de producción en otros países aducidas por Solvay, como en Suecia, no han podido comprobar los hechos, y las ampliaciones de plazo concedidas hasta el momento son anteriores al reglamento de la UE de mayo de 2017, el cual impone "taxativamente" la retirada de este tipo de equipos en el sector del cloro en el plazo establecido, por lo que el expediente de Solvay "se ha dado por finalizado".

"El Gobierno de Cantabria entiende que el proyecto de Solvay genera beneficios económicos, sociales y ambientales en Torrelavega y Cantabria y tiene todo el interés en ampliar el plazo para que el proyecto se ejecute, pero respeta los informes de los Servicios Jurídicos porque para el Gobierno no hay nada por encima de la ley", ha remarcado Palacio, que ha basado en esta posición la negación de la ampliación de plazo solicitada.

Ahora, son Solvay y CUF quienes deben decidir si continúan o no con su proyecto puesto que se trata únicamente de una decisión empresarial, ha insistido el responsable de Medio Ambiente.

El proyecto que presentó la compañía en 2016 incluye mantener la planta en Barreda, una inversión superior a los 50 millones de euros y garantizar más de 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos, usando una tecnología más limpia y más ecológica.

TRÁMITES

El director general ha puesto de manifiesto la voluntad del Gobierno por conceder esta moratoria y por eso ha detallado los trámites que ha llevado su departamento para dar respuesta a la petición de la empresa.

Solvay presentó al Ejecutivo un proyecto para cumplir las exigencias medioambientales de la Unión Europea que incluía una moratoria para mantener operativa la producción de cloro hasta que finalice la reconversión industrial, en un plazo máximo de dos años.

Según ha recordado, la primera resolución del Gobierno, de abril de este año, fue favorable a las pretensiones de la empresa Solvay, apoyada por los informes favorables de la Asesoría Jurídica y del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, basados en el Considerando 22 de la Directiva europea de emisiones industriales, que fija que se pondrán conceder plazos más prolongados en casos específicos cuando haya evidencia de su necesidad.

Ante esta primera resolución de la Dirección General, se abrió un proceso de alegaciones en el que participaron distintas entidades y organismos como Ecologistas en Acción, la empresa Ercros, ARCA, USO, el comité de empresa de la planta, los ayuntamientos de Santillana del Mar y de Polanco, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, Traperos de Emaús y la misma empresa Solvay.

A la vista del contenido de estas alegaciones y la "complejidad" de la cuestión jurídica con interpretaciones "divergentes y completamente distintas", ha afirmado, la Secretaría General pidió informe a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria.

Este órgano estimó en julio en su informe que no cabe finalmente la ampliación de plazo, dado que la excepción argumentada para conceder la moratoria no aparece en el articulado de la mencionada directiva europea, sino solo en la parte expositiva y sin efectos jurídicos, por tanto.

Finalmente, para "despejar dudas", ha relatado el director, se solicitó en agosto un informe complementario a la Dirección Jurídica que de nuevo sostuvo que no cabe la prórroga para la producción de cloro con tecnología de mercurio.

En ese mismo informe jurídico se afirma, en relación a otras autorizaciones concedidas en el ámbito de la Unión Europea, "desconocer los procesos de producción y los detalles de las autorizaciones", si bien se argumenta que resultan anteriores al reglamento de la propia Comisión Europea de mayo de 2017 y, por lo tanto, anteriores al ordenamiento jurídico vigente.

Respecto a la autorización concedida a una empresa sueca conocida por los medios de comunicación recientemente, el Gobierno no ha podido comprobar la documentación oficial de las autorizaciones, ni sus características técnicas, ni procesos de producción, dando por finalizado el expediente.