Gobierno desestima la reclamación de Santander por el convenio de Caja Cantabria

Los servicios jurídicos y el Consejo de Estado ven improcedente la reclamación por falta de legitimación y prescripción de la acción

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha acordado este jueves, en su reunión semanal, desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Ayuntamiento de Santander por la resolución del convenio urbanístico firmado con Caja Cantabria en 2010, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en 2017 por el Tribunal Supremo.

Tanto los servicios jurídicos del Ejecutivo como el Consejo de Estado consideran que no procede la indemnización de casi 7 millones (6.940.892 euros) requerida por el Consistorio a la administración regional por falta de legitimación del reclamante y prescripción de la acción a reclamar.

Se trata del principal asunto despachado en la sede de Peña Herbosa, del que ha informado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz, Pablo Zuloaga, que ha explicado que el bipartito ha decidido desestimar la reclamación en base a los informes de sus servicios jurídicos y al dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 11 de julio.

El PRC-PSOE ha adoptado esta decisión al considerar que "no está acreditado el daño real y efectivo" -requisito necesario para la responsabilidad patrimonial- ni se aprecia en la Dirección General de Urbanismo ni en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) "tacha alguna" de "posible ilegalidad o negligencia" en el momento de aprobar definitivamente el PGOU que pudiera determinar "algún tipo de responsabilidad".

El documento urbanístico de la capital cántabra fue anulado en noviembre de 2017 por el Alto Tribunal al estimar uno de los motivos del recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), en concreto el relativo a la "insuficiencia de recursos hídricos" para la población sin la utilización del Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander, el conocido como Bitrasvase que fue anulado también por el Supremo en diciembre de 2013.

Tras la nulidad del PGOU, el Ayuntamiento de Santander reclamaba los casi 7 millones correspondientes a las plusvalías pagadas por Caja Cantabria en cumplimiento del convenio firmado por ambas instituciones en diciembre de 2010, por el que el Consistorio se comprometió a clasificar como suelo urbano consolidado, para uso residencial, la parcela propiedad de la entidad bancaria en la calle Cardenal Herrera Oria.

Este convenio tuvo que ser resuelto como consecuencia de la anulación del PGOU, lo que obliga al Consistorio a devolver las plusvalías generadas por el cambio de uso del inmueble.

OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Al margen de este asunto, de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Gobierno ha autorizado el inicio de los trámites para contratar el servicio de teleoperación del Centro Coordinador de Urgencias adscrito a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, con un valor de más de 2,2 millones de euros.

Además, en este ámbito se ha aprobado el convenio específico para este año del protocolo general de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y Comunidad Autónoma. En 2019, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aportará 266.000 euros para los programas que llevará a cabo la Consejería: intervención en drogodopendencias en instituciones penitenciarias, detección e intervención precoz de conductas de riesgo en adolescentes, estrategia para la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en jóvenes y alcohol y menores.

En Empleo y Políticas Sociales se ha autorizado la modificación del contrato de construcción del módulo 1 y zonas terapéuticas del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana por incremento de las necesidades de obra, con un coste de 221.752 euros y un incremento del plazo de ejecución de dos meses y medio.

En este área se ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles, para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la información registral, visado, descalificaciones y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario de las viviendas protegidas. El acuerdo estará vigente hasta 2022 y tiene un coste anual de 2.000 euros para el Gobierno.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se autorizó un convenio con la Fundación Camino Lebaniego y la Fundación la Caixa para desarrollar actuaciones de conservación de la biodiversidad en los caminos de peregrinación de Cantabria. El acuerdo contempla una inversión de 50.000 euros que serán aportados por la entidad financiera.

Además, se ha acordado encomendar a Tragsa y Tagsatec varios servicios valorados en 166.526 euros para realización de auditorías de controles de la cadena alimentaria este año y el próximo, por 47.244 euros, así como un tratamiento para el control de la procesionaria del pino (46.969 euros) y transferencia de resultados de investigación agraria para el periodo 2019-2022, por importe de 72.312 euros.

En Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte se ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Santander para la mejora y modernización de la biblioteca Menéndez Pelayo, para mejorar tanto el edificio como la colección bibliográfica, proyecto al que el Gobierno de Cantabria aportará un mínimo anual de 40.000 euros.

Finalmente, en Educación, Formación Profesional y Turismo se ha aprobado el nombramiento de Eduardo Ortiz como presidente del Consejo Escolar de Cantabria, en sustitución de Emiliano Corral.

Y se ha aceptado la cesión gratuita del antiguo Centro de Salud de Cabezón de la Sal, ofrecida por la Tesorería de la Seguridad Social para destinarlo al Centro de Educación de Personas Adultas.