El Gobierno dice que trabaja para reducir el desempleo y no para justificar subvenciones a centros de formación privados

Sota dice que las declaraciones de Monserrat Peña están "plagadas de medias verdades, inexactitudes y datos falsos"

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha señalado que el Gobierno de Cantabria trabaja para reducir el número de parados en la región y no para "justificar subvenciones" a centros de formación privados.

Así lo ha dicho en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Plataforma que agrupa los centros de formación de Cantabria y responsable de Formación de CEOE, Montserrat Peña, ha denunciado que el Gobierno regional les adeuda unos 20 millones de euros correspondientes a los cursos impartidos en los dos últimos años.

En un comunicado, el consejero ha manifestado que entiende las "dificultades" que atraviesan los centros privados a causa de las modificaciones legislativas aprobadas por el Gobierno de España, pero ha mostrado su "sorpresa" por unas declaraciones, según ha dicho, "plagadas de medias verdades, inexactitudes y datos falsos" sobre las subvenciones del Gobierno a los centros privados.

Sota ha destacado que desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) se ha tomado la decisión de no programar cursos que no tengan demanda ya que el pilar de su labor es generar oportunidades para los desempleados y cubrir sus necesidades y, por eso, "no se puede obligar a ningún desempleado a hacer cosas que no le aporten nada para encontrar un puesto de trabajo".

El consejero ha remarcado que, por todo ello, ya se comunicó hace meses tanto a las organizaciones empresariales como sindicales, la intención de diseñar un "nuevo procedimiento de selección del alumnado" de estos cursos, que en todo caso tendrá una aplicación gradual previo a su debate en el seno de la Mesa Sectorial del Diálogo Social.

Sota ha dicho que los responsables de CEOE-CEPYME, conocen que los pagos de las subvenciones a la formación están sujetos a la Ley estatal 30/2015 que limitó la posibilidad de cobrar la subvención al 25% de su importe tras su concesión, ampliable a un 35% adicional una vez acreditado el inicio de cada curso.

En todo caso, ha añadido, de acuerdo con la Ley aprobada en la pasada Legislatura, el 40% de la subvención sólo podría cobrarse una vez finalizado cada curso, justificado y en un plazo de doce meses que la Administración tiene para revisar toda la documentación.

Esto, según Sota, además de estar publicado en el BOE, ha sido reiteradamente explicado por el Gobierno de Cantabria en las múltiples reuniones que ha mantenido con CEOE-CEPYME, ya sean de la Mesa Sectorial de Empleo y Formación, del Consejo de Formación Profesional o bilateralmente con la Comisión de formación de la organización empresarial.

"En todas se pretendió que la Comunidad Autónoma no aplicara los límites establecidos por la Ley estatal, ante lo que se respondió que en materia laboral el Estado tiene la competencia exclusiva para legislar y que no era legal que el Gobierno de Cantabria aprobara normas que contradijeran la Ley del Estado", ha recalcado Sota.

Respecto al cierre de algunos centros de formación, al Gobierno "le consta" la baja de los centros de formación de FOREM, fundación ligada a CCOO, y de IFES-UGT que "no están ni estaban representados por CEOE-CEPYME", y de un tercer centro privado, actualmente en concurso de acreedores, debido a una mala situación económica arrastrada desde la anterior legislatura, "lo cual sí ha debido repercutir negativamente en el devenir de algunos centros".

Sota ha insistido que "es falso" que estén en peligro fondos de la Unión Europea. Al respecto, ha explicado que la gestión del Fondo Social Europeo no depende del número de cursos que se realicen, sino del cumplimiento de una serie de objetivos a largo plazo y que Cantabria abarca a través de varias iniciativas, especialmente a través de los programas vinculados a la generación de empleo estable y de calidad, el emprendimiento, la inclusión social y la conciliación de la vida laboral y familiar.

Según el consejero, "también es falso" que el SCE haya dejado de asesorar a los desempleados sobre los cursos a los que pueden acceder, sino que, por el contrario, en 2016 el EMCAN amplió en doce el equipo de orientadores laborales existente en la red de oficinas de empleo que prestan el servicio de orientación profesional; servicio que se verá reforzado a partir del día 1 de marzo a través de 21 entidades para la atención de personas desempleadas de larga duración.

Estos profesionales pasarán a prestar un servicio de información, asesoramiento y acompañamiento permanente a las personas desempleadas que, para solicitar la formación, sí, deberán hacerlo a través de Internet, cuando esté disponible la nueva página web del Servicio Cántabro de Empleo, pudiéndolo hacer desde su domicilio, desde un telecentro, o como siempre, en la oficina de empleo, ha matizado.

La novedad estriba, ha concluido, en que será cada desempleado el que elija qué curso quiere hacer, y no al revés, como venía sucediendo hasta ahora, con las oficinas de empleo enviando miles de cartas y SMS buscando los alumnos que los centros de formación no encontraban