El Gobierno no podrá ejercer acusación contra el bombero voluntario de Ramales al personarse fuera de plazo

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para este joven de 26 años por un incendio que arrasó unas 130 hectáreas de arbolado y monte bajo

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria no podrá ejercer la acusación como perjudicado en el procedimiento judicial contra el exjefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria, Luis Trueba, el joven de 26 años acusado de haber provocado un importante incendio forestal en la sierra de La Alcomba que arrasó 144 hectáreas de arbolado y monte bajo en febrero de 2019, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión.

El escrito de personación del Gobierno llegó fuera de plazo, y a petición de la defensa del acusado, la jueza instructora, titular del Juzgado n 1 de Laredo, ha acordado su inadmisión en una resolución que no admite recurso, por lo que solo podrán ejercer la acusación la Fiscalía y la empresa Alvarez Forestal.

La jueza dictó el pasado 31 de enero el auto de apertura de juicio oral, en el requiere al acusado una fianza de algo más de 400.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones por responsabilidad civil.

El caso ya se ha elevado a la Audiencia provincial para su enjuiciamiento, del que se encargará la sección primera. La ponente será la magistrada Paz Aldecoa, según ha podido saber Europa Press.

Se le acusa de provocar el incendio con una garrafa de gasolina en al menos "siete puntos de inicio diferentes", en la misma altitud del paraje y en la misma línea de progresión a una distancia de 65 metros entre el primero y el último.

FISCALÍA PIDE 4 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía, que formuló su acusación el 20 de enero, ha solicitado cuatro años de prisión por un delito de incendio forestal agravado -por la extensión afectada-, multa de 7.200 euros, el pago de las costas procesales y que el acusado indemnice al Gobierno de Cantabria con 229.917 euros por las pérdidas en beneficios ambientales y en 8.914 euros por los gastos de extinción más el interés legal.

El Ministerio Público también pide indemnizaciones para el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, 43.567 euros; el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, por los gastos de extinción y pérdidas en productos primarios y secundarios, 22.028 euros; la Junta Vecinal de Barruelo de la Victoria, por las pérdidas en productos primarios y secundarios, 16.840 euros; así como para la empresa
forestal y una serie de particulares afectados.

Por su parte, Alvarez Forestal pide tres años de prisión por incendio intencionado, multa e indemnización de 79.162 euros, según consta en el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press.

El acusado se declaró inocente ante la jueza de instrucción en marzo del año pasado. "Estoy tranquilo, soy inocente, he hecho las aclaraciones oportunas ante el juez y espero que todo se aclare cuanto antes", dijo a los periodistas a la salida del juzgado tras declarar durante dos horas.

INFORME DE GEOLOCALIZACIÓN

La defensa solicita entre otras pruebas un informe de geolocalización a través de GPS y velocidades de la furgoneta pick up que utilizó el joven los días del incendio -17 y 18 de febrero de 2019-.

El acusado, natural de Santander, fue detenido tras la investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ramales de la Victoria, que, unida a la colaboración ciudadana, llevó a tener "fundadas sospechas" sobre su vinculación con ese incendio, que comenzó la noche del 17 y finalizó 19 horas más tarde.

Según informó entonces la Guardia Civil, durante la investigación el detenido entró en contradicciones sobre el lugar donde se encontraba en el momento de producirse el fuego. A ello se unieron las denuncias de sus propios compañeros de la agrupación de voluntarios, que manifestaron sus sospechas sobre el comportamiento de su jefe.

De hecho, voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria ya pidieron hace dos años, en un escrito dirigido al alcalde, la dimisión del coordinador de la agrupación por las "sucesivas infracciones" cometidas por éste y por su "pésimo" desempeño del cargo.