SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha recibido sólo cuatro reclamaciones de acceso a la información pública durante el primer semestre de 2017, según los datos facilitados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Unos datos que ha expuesto este lunes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, durante su intervención en la inauguración del curso 'Los desafío de la transparencia administrativa: la comunicación entre la Administración y los ciudadanos', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Así, según el órgano encargado de asumir las competencias en materia de atención a estas demandas, el Ejecutivo cántabro se coloca como una de las administraciones públicas que menos reclamaciones tiene. De las 26 recibidas por Cantabria, 21 de ellas fueron a entidades locales, otra al Consorcio Interautonómico de Picos de Europa y 4 referidas a documentación propia del Gobierno.
Del mismo modo, de las 42 tramitadas el año pasado, solamente el 9,52% constaban como reclamaciones al Gobierno de Cantabria.
De la Sierra también ha recordado que en el INACU de 2016, ranking autonómico que elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Cantabria ascendió dos puestos, situándose como la octava comunidad autónoma con mayor nivel de acceso a la información pública, con una puntuación media de 95 sobre 100. Estos datos colocaron a la Comunidad con una calificación de "sobresaliente" y por encima de la media nacional, con 94 puntos.
El consejero ha valorado positivamente estas cifras en unos tiempos en los que ha reconocido que la transparencia está de "intensa actualidad" y en los que se ha vuelto un instrumento indispensable para la gestión de gobierno.
En concreto, ha subrayado la importancia de este concepto como herramienta para evitar la corrupción, como modo para incrementar la diligencia, como garantía de los derechos de información y de participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, desde el punto de vista de la eficiencia y también para facilitar a la oposición política la información necesaria para ejercer su función de control a los gobiernos.
De esta forma, ha asumido el de transparencia como uno de los principios fundamentales de actuación del actual Gobierno desde que tomó posesión en julio de 2015, ante la falta de acción de los anteriores responsables. Por ello, se designó al órgano encargado de la transparencia y Cantabria se adhirió en tiempo récord al convenio con el Consejo de Transparencia con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a que sus reclamaciones fueran respondidas.
En este sentido, De la Sierra ha agradecido a los funcionarios y empleados públicos de su Consejería por el esfuerzo y la dedicación con que han trabajado para que Cantabria se ponga al día en esta materia en tan corto espacio de tiempo.
EL CURSO
El consejero ha estado acompañado durante la inauguración por el vicerrector de internacionalización y del Campus de Las Llamas de la UIMP, Eduardo Vázquez de Castro, quien ha agradecido al Gobierno su apoyo e implicación con todas las iniciativas de esta entidad educativa, y por el director del curso, el catedrático de Derecho Administrativo Marcos Gómez Puente.
Al igual que De la Sierra, Gómez Puente ha aludido al hecho de que, en los últimos tiempos, la ciudadanía ha despertado una especial sensibilización por la transparencia y ha definido el acceso a la información como consustancial al Estado democrático de Derecho.
Asimismo, ha subrayado que el cumplimiento de la finalidad política para la que se conciben las leyes en esta materia, la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades dependen de un triple orden de variables, de carácter jurídico, en el cual se centra el curso, económico y sociocultural.
El encuentro tiene como objetivos analizar el grado de cumplimiento y la efectividad de las leyes de transparencia después de que hayan pasado casi tres años desde la aprobación de la Ley estatal 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Para ello, contará durante tres días con la presencia de renombrados juristas y expertos en la materia, miembros de la administración pública, periodistas y representantes de organizaciones civiles que velan por el cumplimiento de los principios de acceso a la información.
En el acto inaugural también han estado presentes los directores generales de Servicios Generales, Bernando Colsa, y de Administración Local, Pedro García Carmona, y la directora del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional (CEARC), Marina Lombó.