El Gobierno regulará por ley la RSB, que sube un 10,8% en 2018, hasta 31,5 millones

El área de Política Social concentra 223 millones de los 420 que gestionará en total la vicepresidenta

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene previsto concluir en marzo la elaboración de la futura Ley de la Renta Social Básica (RSB) para remitirla al Parlamento. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, en la presentación del presupuesto de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para 2018, que asciende a 419,8 millones y aumenta un 3,9%.

De esa cantidad, algo más de 223 millones corresponden al área de Política Social, de los que la atención a la dependencia absorbe 132 millones, y la Renta Social Básica otros 31,5 millones. La partida de la RSB aumenta un 10,8% según ha destacado la vicepresidenta, y se introducen cambios en la Ley de Medidas que acompaña al presupuesto para "afinar" la normativa.

Según ha explicado el equipo de Díaz Tezanos, "no son modificaciones de calado" sino cambios en las condiciones para ser perceptor y en la tramitación de los expedientes para "eliminar problemas burocráticos", todo ello con dos objetivos: "adecuar el perfil" de los perceptores para garantizar que la ayuda llegue a personas "que realmente estén en situación de riesgo" y evitar retrasos en las notificaciones e "interpretaciones arbitrarias".

La vicepresidenta ha recordado que en esta legislatura se han eliminado los límites impuestos por el PP en el anterior mandato, que entre otras cuestiones limitaban el cobro de la prestación a dos años.

Además, se consignan 15,25 millones para el plan concertado de los servicios sociales de atención primaria con ayuntamientos y mancomunidades; 1,9 millones para el fondo de suministros básicos, más 200.000 euros para ayudas de emergencia social; y 3,65 millones para programas de interés general y participación social.

CAD DE SIERRALLANA

Por otro lado, la vicepresidenta ha anunciado inversiones por valor de 3,5 millones de euros, con un aumento del 24,24%. Ha destacado la construcción del módulo 1 del CAD de Sierrallana y zonas terapéuticas, con una inversión de 1,7 millones que se ejecutará el 40% en 2018 y el 60% en 2019.

En el área social también ha anunciado el inicio de los trabajos del nuevo plan de emergencia social, y que en 2018 se aprobará la nueva normativa de autorización y acreditación de centros de atención a la dependencia y ha asegurado que está "a punto de cerrarse" el acuerdo con las patronales del sector.

Díaz Tezanos ha destacado que aumentará la ratio de personal en los centros, lo que supondrá una mejora en la calidad asistencial, y como contrapartida, el Gobierno aumentará el precio que paga a las empresas por cada plaza concertada.

"El Gobierno va a pagar más, los usuarios no", ha recalcado, tras señalar que el Ejecutivo ha rebajado los copagos a los usuarios desde junio y también ha recuperado la gratuidad de la teleasistencia, cuya partida sube por este motivo un 18%, hasta los 225.000 euros.

De los 132 millones dedicados al sistema de atención a la dependencia (SAAD) en el presupuesto de 2018, 72,8 millones son para financiar plazas concertadas en centros de día y residencias; 20,2 millones para prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar; 8,6 millones para el servicio de ayuda a domicilio; 1,7 millones para promoción de la vida autónoma; y 300.000 euros para subvenciones a entidades locales para la eliminación de barreras arquitectónicas.

En atención a la infancia, adolescencia y familia, se presupuestan 12,6 millones, de los que 2,6 son para estancias en centros de menores y menores extranjeros no acompañados (MENAs), cuya dotación aumenta un 37%. La Fundación Marqués de Valdecilla destinará 5,2 millones a diferentes convenios de atención a menores.

Además, se consignan 230.000 euros para asociaciones de mujeres y entidades especializadas en violencia de género; 773.483 euros para prevención y erradicación de la violencia; 1,67 millones para ayudas a las madres para fomento de la natalidad; y 302.000 euros para políticas de igualdad.