SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha inspeccionado 21 establecimientos de hostelería en varias localidades de Cantabria e investigado a sus responsables por un delito contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional por la piratería de transmisiones deportivas.
Debido a las emisiones ilegales de los 21 establecimientos de hostelería, el perjuicio económico de la asociación deportiva comercializadora, emisora y productora de las grabaciones audiovisuales de las competiciones oficiales de fútbol profesional asciende a un total de 20.194 euros.
La operación policial, denominada 'Operación Var', ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de Santander, en colaboración con efectivos de Torrelavega y la Jefatura Superior de Cantabria, ha indicado la Policía Nacional en nota de prensa.
Los hechos se remontan al 5 de diciembre, cuando el representante de una asociación deportiva de carácter privada denunció en dependencias policiales que 21 establecimientos de hostelería, ubicados en Santander, Torrelavega, Suances, Santoña, Camargo y San Mamés de Meruelo, estaban emitiendo partidos de fútbol "de manera ilegal", siendo la mayoría "reincidentes", ya que habían sido detectados emitiendo de forma ilegal en temporadas anteriores.
De hecho, dicha asociación deportiva ya había realizado sus propias inspecciones, constatando los ilícitos penales denunciados y tratando de llegar a algún tipo de acto de conciliación, sin éxito.
Fue entonces cuando, tras la denuncia, miembros de la Policía Judicial realizaron diversas comprobaciones de los hechos en días aleatorios, siempre en días y horarios en los que se estuvieran disputando partidos de fútbol profesional.
Según comprobaron, estos establecimientos "estaban emitiendo de forma absolutamente fraudulenta, sirviéndose de equipos o aplicaciones informáticas alteradas para permitir el visionado y emisión no autorizada de canales de acceso condicional, siendo un reclamo para la obtención de más clientela y, por ende, un mayor volumen de ingresos".
Asimismo, señala la Policía, al evitar abonar los importes que los operadores con licencia cobran a los establecimientos públicos por poder emitir y explotar los partidos, dichos establecimientos "obtenían también un enriquecimiento patrimonial".
Además, con su conducta, los establecimientos públicos que emiten de forma legal los partidos "reciben una desleal, ilegítima y delictual competencia, que influye de forma directa en los beneficios que obtienen de la explotación de sus negocios".
Ante el resultado de la investigación, el 12 de marzo los agentes realizaron inspecciones en los diversos establecimientos de hostelería en Santander, Torrelavega, Suances, Santoña, Camargo y San Mamés de Meruelo, durante varias semanas, hasta completar el total de los establecimientos denunciados; retirando los decodificadores con los que se transmitía de forma ilegal.
Así, tras tomar declaración a los responsables de los 21 establecimientos, se les imputó un presunto delito contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional.
Los perjuicios económicos ocasionados por estos 21 establecimientos ascienden a un total de 20.194 euros, que extrapolando dicha cantidad hasta el final de la presente temporada deportiva 2023/2024, ascendería a los 63.156 euros.
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