El conductor que arrolló a tres personas alojadas en el camping y que paseaban por la zona se enfrenta a entre 6 y 9 años de cárcel
SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el triple atropello mortal de Suesa, ocurrido en abril del año pasado en esta localidad cántabra de Ribamontán al Mar, se celebrará el próximo mes de noviembre, los días 4, 5 y 6, en la Audiencia Provincial de Cantabria, según han informado fuentes conocedoras del caso a Europa Press.
El tribunal de la Sección Primera juzgará a Jaime A.F., vecino del municipio y en prisión provisional desde agosto de 2023. En el momento de los hechos tenía 73 años, circulaba a 79 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 km/h y casi triplicó la tasa de alcohol permitida.
Se enfrenta a entre seis y nueve años de cárcel que, respectivamente, piden para él la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por familiares de las víctimas, mientras que la defensa solicita su libre absolución.
El accidente tuvo lugar sobre las ocho de la tarde del 4 de abril de 2023 cuando el acusado perdió el control de su vehículo y se salió de la vía en la CA-433 a su paso por Suesa.
Arrolló mortalmente a tres personas que estaban alojadas en el camping de la localidad y que habían salido a caminar por el paseo peatonal aledaño a la vía: una madre y su hijo, de 42 y 19 años, vecinos de Sestao (Vizcaya) y una mujer de 68 de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
DELITOS Y PENAS
El procesado será enjuiciado como presunto autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave, un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta y otro por conducir bajo los efectos del alcohol.
El ministerio público reclama una pena de seis años de prisión y nueve de privación del derecho a conducir (lo que supone la pérdida definitiva del mismo), además de una indemnización a los familiares de los fallecidos de 601.681 euros.
Por su parte, los allegados a las víctimas elevan la petición a nueve años de cárcel y trece de privación del derecho a conducir. En cuanto a las indemnizaciones, la familia de una de las fallecidas solicita una suma total de 336.373 euros, mientras que la de la madre y el hijo fallecidos reclama 628.389 euros.
La defensa del conductor interesa por su parte la libre absolución de su cliente, al entender que no autor de delito alguno y que, en todo caso, concurriría la circunstancia eximente incompleta de alcoholemia de su cliente.
Desde abril de 2016 tiene reconocida una discapacidad del 65 por ciento y tras los hechos, dio positivo en una medicación para la depresión, aunque no influyó en lo ocurrido, según la forense que le examinó el pasado otoño.
En su informe, al que ha tuvo acceso esta agencia, también concluyó que el investigado no presentaba ninguna patología o trastorno mental que alterase el normal funcionamiento de su capacidad intelictiva y volitiva, aunque esta última sí se vio influenciada por el consumo de alcohol previo al accidente.
La causa ha sido dirigida el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña que el pasado mes de mayo acordó la apertura de juicio oral y ratificó las medidas cautelares adoptadas por lo que, a priori, el investigado permanecerá en prisión hasta la celebración de la vista en la Audiencia.
El magistrado también acordó que el acusado y su aseguradora prestasen una fianza de 1,1 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que puedan imponerse en sentencia.