La nueva ley del suelo pondrá fin a viviendas unifamiliares en rústico sin plan especial

El Gobierno ve "muy complicado" el encaje en la ley de la extensión de los derechos de realojo y retorno a los locales comerciales

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva ley del suelo de Cantabria en la que trabaja el Gobierno regional PRC-PSOE introduce medidas para mejorar la seguridad jurídica y la agilización de los planeamientos urbanísticos y acaba con la posibilidad, promovida en la pasada legislatura por el Gobierno del PP y apoyada por los regionalistas, de construir vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico sin plan especial.

Esta última medida será una de las que, con probabilidad, más polémica generará, algo que ha reconocido a Europa Press el propio director general de Urbanismo, Francisco González Buendía. De hecho, el PP ha advertido a esta agencia de que lo considera uno de los "obstáculos" principales para apoyar esta norma, a la que, presentará enmiendas a la vista del borrador del anteproyecto al que ha tenido acceso.

La modificación de la ley del suelo aprobada en junio de 2012 configuraba un régimen transitorio, hasta la aprobación de los correspondientes Planes Especiales, que permitía de forma inmediata la construcción de vivienda unifamiliar aislada.

Mientras que el PP considera que esta modificación sobre la vivienda unifamiliar ha funcionado "muy bien" y ha "permitido fijar población al territorio" en el medio rural, el actual Gobierno sostiene que "no es normal" que se mantenga una situación "transitoria toda la vida".

Por ello, la ley del suelo en la que trabaja el bipartito --que está aún en fase de anteproyecto y que podría llegar al Parlamento antes de que termine el año-- acaba con la posibilidad de ejecutar estas viviendas sin que haya un plan especial.

Y es que sostiene que tiene que haber "una mínima ordenación" y, durante la tramitación de la norma, "va a tratar de convencer" a los grupos de que "lo que no se puede hacer es una ordenación territorial a base de peticiones de viviendas unifamiliares".

Además, advierte de que si se permite este modelo "disperso" de vivienda unifamiliar se requiere la implantación y llevar hasta allí los distintos servicios, algo que --advierte-- es "inasumible" y "muy complicado".

Argumenta también que con los planes especiales no será necesaria la limitación establecida con la modificación del PP de que la parcela mínima para construir debía de tener entre 1.500 o 2.000 metros cuadrados, sino que "a lo mejor" podría fijarse en los 500 o 600 m2, con lo que esto podría ser algo "beneficioso".

González Buendía muestra su disposición a "pactar" e intentar llegar a acuerdos para una "solución" sobre esta cuestión y se ha mostrado abierto a la posibilidad de introducir en la nueva ley un periodo transitorio, pero transitorio "de verdad", hasta que se puedan tramitar y aprobar los planes de especiales por parte de los municipios. Además, en esta tarea ofrece la ayuda del Gobierno de Cantabria y el acceso de los municipios a subvenciones para poder desarrollarlos.

Sostiene que redactar, tramitar y aprobar los planes especiales es algo "muy rápido", que incluso puede ir junto con los PGOU, el PP alerta de que es proceso "tedioso" y "muy lento".

LEY REALOJO Y RETORNO

Para los 'populares', el otro "obstáculo" importante para poder apoyar la nueva ley de suelo es la forma en que se regula dentro de ella el derecho al realojo y retorno para los afectados por actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de sus viviendas.

Ambos aspectos se regularán en el capítulo X de la nueva norma y además, aparecen "salpicados" a lo largo de todo el texto.

El director general de Urbanismo cree que la nueva ley los "contempla mucho mejor y de manera más adecuada" que en la modificación de la actual normativa que forzó la oposición, una opinión es compartida por el PSOE y con la que no se muestra de acuerdo la oposición.

Así, el portavoz del PP en materia de Urbanismo, José Manuel Igual, cree que lo aprobado es "mucho más completo", "más garantista" y "más audaz" que lo que establece el anteproyecto y considera que esta nueva ley "pega" lo que se señalaba en la proposición de ley que llevaron los 'populares' y que fue enmendada por Podemos y Ciudadanos.

Por su parte, C's avisa de que si la nueva ley del suelo "mejora" lo aprobado en la modificación de la ley actual en lo referente al realojo y retorno su grupo "lo va a apoyar" pero no lo hará si la nueva norma es "menos exigente".

Aunque el director general de Urbanismo asegura que "no se cierra en banda" a introducir en la nueva ley lo que sea "bueno" de lo aprobado, también tiene "dudas" y ve "muy complicado" el encaje de algunos aspectos, como la extensión de estos derechos a los locales comerciales, algo que sí garantiza la modificación legislativa de la actual norma.

El Gobierno no contempla en el borrador del anteproyecto estos derechos para los locales comerciales, ya que entiende que es un "tema de la ley de arrendamientos urbanos". Sin embargo, el director de Urbanismo recuerda que "ahora hay una ley" y considera que "lo lógico" es que se pacte el encaje.

NUEVAS FIGURAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AGILIZAR PLANES

Por otra parte, la nueva ley prevé incorporar figuras novedosas en la normativa regional, unas dirigidas a garantizar una mayor seguridad jurídica y transparencia y otras a agilizar los planeamientos.

Destaca la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria, que recogerá un ejemplar actualizado de los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad, así como los estatutos de los consorcios y otras sociedades urbanísticas o entidades colaboradoras que pudieran crearse, todo ello para que el ciudadano que lo desee pueda conocer qué se establece en ellos.

Otra novedad serán las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán "a quien lo solicite" sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de edificio en un plazo tres meses desde la solicitud.

Se establece que "en caso de que se solicite licencia urbanística de acuerdo con la información contenida en la cédula o, en su caso, en el certificado urbanístico remitido, dentro del plazo de los seis meses siguientes a su notificación, la Administración urbanística deberá atenerse a la información que contenga, a no ser que sea constitutiva de una infracción de la ordenación urbanística aplicable, o se haya producido una modificación del planeamiento".

Entre el segundo grupo de medidas de la nueva ley, las dirigidas a agilizar los planeamientos, figura la supresión de lo que actualmente se conoce como la supresión de la fase provisional si no hay alegaciones a la hora de abordar la modificación de los PGOU.

Por otra parte, la nueva norma establece como uno de los criterios orientadores en materia urbanística un desarrollo "sostenible", en el que se dé prioridad a la culminación de los desarrollos existentes, la compactación de las ciudades --operar dentro de ellas antes que hacia afuera--, o la rehabilitación, regeneración y renovación en suelo urbano, entre otros aspectos.

Precisamente, en este último aspecto la ley también incluye las nuevas figuras del "agente edificador" o "agente rehabilitador" que permite que "cualquier particular con capacidad suficiente para asumir las responsabilidades previstas en este precepto podrá colaborar con la Administración en la garantía del cumplimiento del deber de "edificar" los solares o de "rehabilitar" edificaciones si los propietarios no asumen estas obligaciones.

La nueva ley también busca evitar que los crecimientos sean "los necesarios" y estén motivados para que los ayuntamientos no caigan en la "tentación" de programar "mucho suelo que no es necesario".