Oxfam Intermón se plantea demandar al Gobierno si incumple su compromiso de acoger más de 17.000 refugiados

Su director general, José María Vera, denuncia que desde Europa "se está haciendo todo lo posible" para que los refugiados se queden en Libia

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de la ONG Oxfam Intermón, José María Vera, ha asegurado en Santander que esta organización se "está planteando" tomar a cabo acciones legales para una demanda contra el Gobierno de España, si hay sustento legal para hacerlo, en el caso de que no cumpla su compromiso de acoger a más de 17.000 refugiados antes del 27 de septiembre.

Así, ha denunciado que "es obvio" que España "no va a cumplir" con este compromiso, a pesar de que en julio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se reubicaría a 500 personas más al mes durante un periodo de tres meses. Vera ha asegurado que lo que debería hacer España es "empezar por el minuto cero, que es cumplir con el mínimo de acogida al que se comprometió".

En una rueda de prensa con motivo de su participación este miércoles en la jornada de clausura del encuentro 'Crisis de refugiados: conflicto, migración y respuesta europea' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha recordado que España ha reubicado "apenas un 10 por ciento", por lo que ve "muy difícil" que se cumpla la cuota antes de la fecha límite.

De hecho, ha lamentado que si el Gobierno "no ha sido capaz de dar un cambio de marcha", por ejemplo, con más recursos personales o con un incremento de la ayuda humanitaria, tiene "serias dudas" de que haya "voluntad". "No vemos esa voluntad política de cambio y cada vez estamos endureciendo más nuestras acciones, pero no sabemos qué más podemos hacer", ha expresado Vera.

A este respecto, ha destacado que "la demanda de los 17.000" ha sido "la más unitaria de las ONG que yo veo en décadas", en referencia a las acciones de las organizaciones españolas. Sin embargo, ha criticado que a pesar de que han pedido reuniones con el ministro del Interior, "no nos la han dado" y las entidades se encuentran, tal y como ha añadido, "con la indiferencia", con la "sensación de que no pasa nada y que el tiempo pasa".

Cuestionado acerca de los motivos por los que el Ejecutivo no cumple con su cuota comprometida, Vera ha hecho hincapié en que "no lo entiende" a pesar de que "siendo sincero, le he dado 80.000 vueltas". A su juicio, "es perfectamente posible" porque "hay financiación" y a pesar de que el sistema español de asilo "no era suficiente", ha habido ofrecimientos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

"Habría sido perfectamente posible", ha remarcado, comparando la cuota de ofrecimiento de los 17.000 refugiados para un país como España, de una población de unos 46,5 millones, con los 1,1 millones de refugiados que ha acogido Líbano, un país "más pequeño que la provincia de Córdoba". "Eso sí es una crisis", ha apostillado.

"MÁS RUTAS INSEGURAS Y MÁS MUERTES"

Vera también ha hablado de las consecuencias que tendrá, en su opinión, que la mayor parte de las principales ONG de ayuda a los inmigrantes en el Mediterráneo, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF) y Save the Children, hayan suspendido sus tareas de rescate tras la decisión tomada por las autoridades libias de ampliar su zona exclusiva de búsqueda y rescate hasta más allá de los 22 kilómetros de distancia que marcan sus aguas territoriales.

Así, ha alertado de que existen "riesgos" de "una mayor dificultad" para las ONG que llevan a cabo tareas de salvamento de refugiados en el Mediterráneo y consecuencias como "rutas más inseguras, más muertes en el mar" y "más refugiados en Libia" que "sin duda alguna volverán a intentar cruzar el mar, aunque sea en condiciones aún peores".

Vera también ha incidido en que Libia "es un Estado fallido desde hace seis años", en el que "no hay un Gobierno al que se pueda tratar como tal" y con unas Fuerzas Armadas que están "en connivencia" con las mafias. Aun así, ha denunciado que desde Italia, "de forma especial con el respaldo" de Europa, "se está haciendo todo lo posible" para que los refugiados se queden" en ese país.

Del mismo modo, ha avanzado que Oxfam Intermón "está monitoreando" la posibilidad de estar en Libia y que están "en el infierno si hace falta para salvar vidas" si se dan "las condiciones de seguridad suficiente para los equipos" o tener "respaldo internacional" de que los derechos de las personas "se están poniendo por delante de otras consideraciones de control migratorio o alianzas políticas con cuasigobiernos que están vulnerando Derechos Humanos".

"LA 'EUROPA FORTALEZA' ES IMPOSIBLE, NO CABE ESA POSIBILIDAD"

Además de asegurar que el acuerdo entre la UE y Libia "es una reproducción de la peor combinación de acuerdos" con países como Marruecos, Mauritania, Senegal o Turquía, el director general de Oxfam Intermón prevé que "el siguiente paso" serán acuerdos para centros de detención.

De esta forma, ha denunciado que la devolución, la no aceptación de potenciales solicitantes de asilo y refugiados, y su retención en Libia, "es una vulneración clara" de la legalidad internacional sobre asilo y refugio. "Si alguien piensa que el problema se resuelve así, es como mínimo ingenuo y como máximo tiene poca humanidad. La 'Europa fortaleza' es imposible, no cabe esa posibilidad", ha manifestado.

Asimismo, ha criticado que la UE ha aportado recursos para establecer centros de retención en Libia como parte de su política de "externalización de fronteras", algo que también denunció este martes en la UIMP el director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps. "No cabe la más mínima duda de que Libia no es un país seguro", ha zanjado Vera, quien ha asegurado que a Europa "busca claramente frenar" el flujo de refugiados.

Cuestionado acerca de cuál es el interés de Libia en llegar a este tipo de acuerdos con la UE, Vera ha opinado que Libia no "apunta" a que los refugiados se queden en su territorio, sino que su intención es "que tampoco entren", sino que se queden más cerca de Siria. Y ha valorado que el Gobierno de Trípoli "busca reconocimiento y respaldo" tanto económico como político.