SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad, una iniciativa de Ciudadanos, enmendada por Podemos, por la que se insta al Gobierno regional a realizar una auditoria de la Fundación Comillas y la empresa Sociedad de Activos Inmobiliarios (SAICC).
La moción original ha sido defendida por el portavoz del Grupo Mixto-Cs, Rubén Gómez, quien ha pedido parar la "sangría de millones" en la entidad educativa y cultural, creada para la puesta en marcha del centro es estudios del español, el "proyecto del siglo" según vaticinó -ha recordado- el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Pero la actuación ha resultado ser, a juicio del parlamentario naranja, un "fracaso", porque parte de una "idea trasnochada" que no se "reflexionó" lo suficiente.
Cree así el diputado naranja que en el bipartito PRC-PSOE carece de proyecto y, también, de solución al problema en que se encuentra la Fundación y que no pasa, ha comentado, por algo "tan sencillo" como "cerrar", "mirar para otro lado" y "a otra cosa". Eso sería, ha agregado, "lo cómodo" y, también, "lo cobarde".
En este sentido, Gómez ha aludido a los gastos asociados al edificio, la antigua Universidad Pontificia, y ha apuntado a la necesidad e importancia de que no se "caiga" esta sede, porque se trata de un Bien Interés Cultural, además de por el dinero invertido hasta ahora.
Así las cosas, el portavoz de Cs cree que el proyecto Comillas es una "herencia envenenada", ante la que el primer paso a dar es "parar la sangría de millones" que está suponiendo el proyecto y que éste deje de ser "un lastre" para todos los cántabros.
Al tiempo, cree que se debe realizar la citada auditoria sobre la Fundación y SAICC, para posteriormente elaborar un estudio para determinar cuál es la opción "más rentable" para este lugar, que podría -ha citado- albergar cursos universitarios, un hotel, un parador, un museo o incluso un centro comercial.
También ha pedido Cs que se rindan cuentas sobre esta actuación en Comillas y su situación actual "antes de seis meses", para evitar la "tentación" de "ver si el problema se lo come otro".
DOS CAPRICHOS EN COMILLAS
Para su homólogo de Podemos, José Ramón Blanco, en Comillas hay "dos caprichos", el edificio de Gaudí y el "fracasado capricho del señor Revilla", y que ha resultado ser "multimillonario" además. En este sentido, se ha referido a los préstamos por importe de 46,5 millones de euros otorgados por el Instituto Cántabro de Finanzas en torno al proyecto Comillas y que suponen un 44,89% de riesgo financiero para el ICAF, ya que la deuda está, a día de hoy, en 40,5 millones, es decir, que casi la mitad de lo que otorga el organismo financiero está comprometido por este "fracasado capricho".
Así, si el proyecto "cae", se produciría "inmediatamente" la "insolvencia" del ICAF, ya que el proyecto Comillas se ha gestionado con dinero público, que se ha "tirado" por una "nefasta" e incluso -ha dicho- "negligente" gestión.
Para Blanco, la "única salida" pasa por la incorporación de la iniciativa privada a esta actuación. "Esto no hay por dónde cogerlo", ha sentenciado, para indicar que el proyecto está suponiendo un desembolso de entre 5 y 6 millones de euros anuales de las arcas regionales, que se podrían destinar -ha citado a modo de ejemplo- a combatir la pobreza.
Y aunque el diputado de Podemos apuesta por realizar una auditoria en la Fundación, ha dicho que "mucho me huele" que se va a parecer a las de Sodercan o Mare. Sobre la moción, cree que podría pasar a "la lista" de las aprobadas esta legislatura que "no se cumplen". "GFB, Ecomasa, Fundación Comillasa, y que siga corriendo el vino", ha dicho Blanco a Revilla.
SEGÚN PRC Y PSOE, LA CULPA ES DEL PP
Desde los grupos que apoyan al Ejecutivo regional, PRC y PSOE, las diputadas portavoces en la materia, Teresa Noceda y Silvia Abascal, respectivamente, se han sumado al respaldo a la moción de Cs enmendada por Podemos, aunque han achacado la situación del proyecto al PP en los gobiernos central y regional.
Según la socialista, las "reglas del juego" cambiaron con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el "incumplimiento" de manera "unilateral" del convenio firmado en 2010 para autorizar al Ministerio de Educación a sufragar los compromisos adquiridos hasta 2019, lo que ha puesto en una situación "difícil" al proyecto Comillas.
A ello se suma que el PP, "desde el minuto uno", se centró en "cargarse" el centro de Colegios del Mundo Unido previsto en la villa cántabra, con Rajoy "estrangulando" esta iniciativa e Ignacio Diego, en el Ejecutivo cántabro, en un "tándem perfecto" con el anterior, haciendo "trabajos de derribo", hasta dejar "descapitalizado" el proyecto.
La regionalista ha coincidido en que el expresidente cántabro y del PP fue quien se "cargó" el proyecto de CMU, y ha censurado igualmente que el Estado dejara de cumplir "unilateralmente" los acuerdos alcanzados, pagando solo medio millón de euros del total comprometido, con lo que la deuda del Gobierno central con el regional asciende en la actualidad a más de 16 millones.
Cree Noceda que esta cuantía se debe reclamar en el Congreso, a través de los partidos que tienen representación en la Cámara Baja y considera, además, que el edificio que alberga el proyecto Comillas -que es "viable" y cada vez tiene "más aceptación"- debe destinarse a actividad relacionas con la educación y la cultura.
PROYECTO FRACASADO DEL SIGLO
Desde el PP se ha cuestionado que el "fracaso" de esta actuación obedezca al incumplimiento del pago de 16 millones por parte del Estado, cuando el proyecto implicaba un montante total de 77 millones, y se inició además antes de la firma del convenio bilateral entre las dos administraciones.
El PP cree que no se puede "echar la culpa a otro de los errores de uno". A su juicio, el impago por parte del Estado es un problema "relativamente menor", de modo que Comillas "no cae" porque se dejen de abonar 16 millones, que "vendrían bien" -ha reconocido- y "adelante" si se han de reclamar -ha animado-.
La "esencia" es, a juicio del PP, que se trata del "proyecto del siglo fracasado", en el que se han puesto "los carros antes que los bueyes", pues el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) se "embarcó" en una actuación que precisaba una financiación de 77 millones sin tener "claro" el proyecto, en una aventura "muy poco sólida" y "un sueño de verano".
EDUCACIÓN
Por otra parte, en el Pleno, Podemos se ha quedado solo con su iniciativa para pedir al Gobierno regional la no eliminación de unidades escolares de centros educativos públicos.
En ella, se pedía que en situaciones de escasez de alumnado en zonas donde convivan centros públicos y concertados se eliminen conciertos de la unidades de los centros privados y no las de los públicos.
Y también que no se concertaran centros privados mientras haya plazas en los públicos cercanos y que no se permitiera que los concertados traspasen la ratio máxima establecida por la Consejería de Educación. Además, instaba a garantizar infraestructuras educativas públicas suficientes en zonas de expansión en la comunidad.
El PSOE ha justificado su voto en contra en que en ella se plantean cuestiones "alegales" o "ilegales" y ha asegurado que es "mentira" que haya un "trasvase" de alumnos de la pública a la concertada. Además, ha defendido que "en ningún caso" se ha eliminado "plaza alguna" en centros públicos si cumplía los requisitos "mínimos" para permanecer abiertas.
El PRC ha votado en contra porque "las cosas se están haciendo bien" en la educación cántabra y el PP porque, a su juicio, la iniciativa de Podemos busca "cercenar" cualquier "atisbo" de libertad de elección de centro educativo y hacer "desaparecer" la enseñanza concertada.
Y Ciudadanos ha votado 'no' porque en la iniciativa se establecen medidas con "carácter general" cuando, a su juicio, se deben de atender "a cada caso concreto".