Actualizado: lunes, 2 octubre 2017 14:02

   Los dos socios de Gobierno, PRC y PSOE, no se han puesto de acuerdo en este tema y han votado en sentido contrario, ya que los regionalistas se han unido al PP, Podemos y Rubén Gómez para aprobar la PNL en este sentido

   SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno del Parlamento regional ha instado este lunes al Gobierno de Cantabria a garantizar que los ayuntamientos participen en el diseño y reparto de fondos de la Orden de Coporaciones Locales dirigida a la contratación temporal de parados por parte de los municipios, una propuesta del PP, que ha sido apoyada por Podemos, el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) y por el PRC, que en esta cuestión ha votado en sentido contrario a su socio en el Ejecutivo, el PSOE, que se ha opuesto, lo mismo que Juan Ramón Carrancio.

   En esta cuestión, una de las iniciativas que se ha votado en la sesión matutina del Pleno, los dos socios de Gobierno han mostrado su discrepancia en el tema ya que mientras uno, el PRC, considera la participación de los ayuntamientos como algo "absolutamente razonable" dado el papel que tienen en la aplicación del programa de Corporaciones Locales, el otro, el PSOE, cree que si éstos participan en la elaboración de la norma se podría incurrir en un "evidente conflicto de intereses".

UNA PNL DEL PP ENMENDADA POR EL PRC

   La iniciativa original ha partido del PP, que además de reclamar la participación de los ayuntamientos en la elaboración de la Orden, solicitaba en esta proposición no de ley (PNL) la aplicación de coeficientes correctores en los importes de las subvenciones específicas para los ayuntamientos del ámbito rural para que no vean reducida su participación en el fondo.

   También reclamaba que los posibles remanentes por aquellos ayuntamientos que no se acojan al máximo preasignado se usen para incrementar los importes subvencionados a los municipios a los que se les haya reducido su asignación en el reparto inicial.

   A esta PNL de los 'populares', los regionalistas han presentado una enmienda de adición, que ha sido aceptada por el PP, a través de la que se incorporan a la iniciativa otros tres puntos más, en los que se pide, entre otros aspectos, que el remanente de los ayuntamientos se reparta a los municipios de menos de 2.000 habitantes con el objetivo de fijar población y promover el desarrollo en el medio rural.

   Además, en la enmienda de adición de los regionalistas que ha sido incorporada a la iniciativa original, también se pide que la Orden de 2018 se publique "en tiempo y forma" antes del 31 de enero y que se resuelva en el primer trimestre del año para que las contrataciones puedan comenzar a partir del 15 de mayo.

   En ella, también se pide que se permita a los ayuntamientos seleccionar a los desempleados previamente preseleccionados por el Servicio Cántabro de Empleo para que se puedan atender las necesidades y contexto de cada municipio.

   El diputado regionalista y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha defendido que lo que se reclama en la PNL son propuestas "absolutamente razonables", asumidas por "todos" los ayuntamientos y por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), organismo a través del que se pretende ejercer la participación de los ayuntamientos en la elaboración de la Orden y en lo relativo al reparto de fondos.

   También cree que es de "de sentido común" que los ayuntamientos sean "parte activa" en la redacción de la Orden puesto que son los que llevan a cabo las contrataciones temporales de los parados y los que plantean los proyectos a llevar a cabo por estas personas.

   Y ha defendido la necesidad de introducir criterios correctores en beneficio de los ayuntamientos del medio rural, que, según se ha quejado, en la última convocatoria han recibido un 50 por ciento menos.

   Así, ha advertido de que si solo se tiene en cuenta el criterio de la tasa de paro y la población en el reparto de fondos sin introducir elementos correctores sería "letal" para los ayuntamientos rurales.

   Además, Fernández ha reivindicado el empleo como "un elemento estratégico" para garantizar la pervivencia del mundo rural y por ello ha valorado la utilidad de esta Orden.

   Sin embargo, el diputado de Podemos, Alberto Bolado, considera que esta Orden es un "parche" que, a su juicio, "no va a solventar el problema del empleo" en Cantabria y cree que tiene "mucho más de política social que de empleo".

   De hecho, cree que sería más conveniente que el dinero que se destina a esta Orden se emplease en proyectos que pudieran revertir la situación del empleo en Cantabria.

   Pese a ello, Podemos ha decidido apoyar la PNL al reconocer que es "positivo" que esta Orden permite al menos la contratación temporal de parados, la ejecución de obras y otras actuaciones en los municipios y hacer que los ayuntamientos dispongan de más financiación.

   Sin embargo, Bolado ha cuestionado las intenciones de los partidos de la Cámara al proponer PNL como las de hoy y considera que con ellas cada uno de ellos (los que gobiernan en municipios) pretenden realizar un "guiño" a sus respectivos alcaldes.

   Por su parte, el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) ha votado a favor de la iniciativa al considerar que la petición de que los ayuntamientos participen en la elaboración de la Orden puesto que son "los que mejor conocer sus necesidades".

   A pesar de considerar que la Orden de Subvenciones es algo "bueno" pues permite, entre otros aspectos, que parados que de otra manera tendrían dificultades para ser contratados puedan tener durante unos meses un trabajo, Sin embargo, ha lamentado que "no siempre" la aplicación del Programa es "la más correcta".

   El otro diputado del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, ha decidido, por contra, decir 'no' a la PNL ya que, según ha dicho, esta Orden de Corporaciones Locales y lo que ahora se propone "no le gusta" porque, a su juicio, este tipo de subvenciones constituyen una forma "un tanto opaca" de conceder financiación a los ayuntamientos y cree que contribuye al "clientelismo" político.

   Carrancio cree que si hay que otorgar financiación a los ayuntamientos debe otorgarse "de otra forma" y no a través de subvenciones de este tipo. Y es que, según ha recalcado, el uso del dinero público debe hacerse de una forma "exquisita", algo que, en su opinión, "no se cumple" en la Orden de subvenciones.

   Por su parte, el PSOE ha votado en contra al entender que la aplicación de lo que se pide en la PNL resulta "sumamente difícil de llevar a la práctica".

   También considera que la participación de los ayuntamientos en la elaboración de la normativa puede supone un "evidente conflicto de intereses" y tampoco se ha mostrado a favor de la aplicación de medidas correctoras.

   Además, ha opinado que no se puede acordar la participación de los ayuntamientos si ello no es con el consentimiento de los agentes sociales y cree que es un asunto que se debe abordar en la Mesa General de Diálogo Social.

   Tras escuchar a los grupos, el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, ha considerado "escandaloso" que se hable de "clientelismo" cuando se hace referencia a los ayuntamientos.

   Y en respuesta a las alusiones a posibles "conflictos de intereses" de los que ha hablado el PSOE y a los "guiños" a los alcaldes a los que se ha referido Bolado, el popular ha señalado que los ayuntamientos "no son los beneficiarios de esta Orden, sino los parados".

   Además, y en contraposición a las dudas del PSOE sobre la aplicación de medidas correctoras, Van den Eynde ha defendido que éstas "se aplican todos los días".

   Respecto a las observaciones de la oposición, Van den Eynde sí ha reconocido que la Orden para la contratación de parados tendría que "redefinirse" pero ha señalado que dado que el Gobierno no lo ha hecho lo que, a su juicio, es que este programa funcione "lo mejor posible" y no "tirarlo a la basura".

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