Buruaga cree que las "responsabilidades políticas y de gestión" a depurar deben recaer en Gochicoa y Manuel del Jesús
SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ve "perfectamente lógico y comprensible" que el PRC emprenda acciones legales contra los "infundios" que intentan vincular al partido con los implicados en la presunta trama de corrupción de las carreteras, pero replica que una cosa es eso "y otra" tratar "de imponer la ley del silencio" sobre lo ocurrido, como, a su juicio, pretenden hacer los regionalistas.
Así se ha pronunciado este miércoles la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en relación al anuncio hecho por el PRC de que ejercerá acciones legales contra los "infundios" que, según ha apuntado, se han publicado en las redes sociales y algunos medios de comunicación que pretenden vincular a sus cargos o militantes con los implicados en la supuesta trama corrupta, por la que se imputan delitos al jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, que es funcionario de la Consejería de Obras Públicas; a alguno de sus familiares, y a los representantes de algunas empresas a las que se adjudicaban contratos en esta área.
DICE QUE EL PP ACTÚA CON "ABSOLUTO RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"
En ese sentido, Buruaga ha recordado que en España existe el derecho a la presunción de inocencia y a la honorabilidad y, por tanto, ha opinado que "la calumnia" contra alguien e "imputarle sin pruebas la comisión de un delito "no tiene ninguna justificación".
Ha afirmado que "es momento de la ejemplaridad política" y ha defendido que el PP está actuando "desde el primer momento con mucha cautela, con mucha cautela, con mucha responsabilidad y absoluto respeto a la presunción de inocencia". "Nosostros respetamos sea cual sea el signo político del afectado", ha asegurado.
Sin embargo, Buruaga ha aclarado que "eso es una cosa y otra" --dice-- es que, en una "democracia avanzada y exigente", "desde el PRC se trata de imponer la ley del silencio" ante un caso de presunta corrupción "que afecta a un área de responsabilidad política y de gestión de su competencia", como es la Consejería de Obras Públicas, que tiene al frente al regionalista José Luis Gochicoa.
La líder del PP cántabro y candidata a la Presidencia de la comunidad en las elecciones del 28 de mayo considera que lo ocurrido es "muy dañino para todos", incluidos los propios miembros del PRC y del Gobierno, pero cree que "lo más dañino de todo es actuar como si no estuviera ocurriendo nada con el ánimo de esquivar las responsabilidad políticas" que es lo que, en su opinión, está haciendo Revilla.
"Cuanto más se tarde en dar las explicaciones politicas; cuantas mas trabas se ponga a la transparencia; cuando más se esconda tras el sumario y cuanto más tarde en asumir y depurar las responsabilidades políticas y de gestión, peor se está poniendo porque no se puede impedir que la sociedad piense libremente y saque sus propias conclusiones", ha advertido al presidente de Cantabria y líder del PRC.
SEÑALA A GOCHICOA Y MANUEL DEL JESÚS COMO "RESPONSABLES POLÍTICOS"
Por ello, ha insistido en reclamarle que "ejerza de una vez" como presidente y depure ya las "responsabilidades políticas y de gestión", que la líder del PP está "convencida" que tanto Gochicoa, como consejero, como Manuel del Jesús, director general de Obras Públicas, tienen puesto que eran los "dos superiores políticos" del funcionario implicado en la trama.
"Ambos son responsables como mínimo, por omisión o por culpa in vigilando. Las responsabilidades políticas tienen que afectar a ambos dos", ha insistido Buruaga, quien ya ha dicho en reiteradas ocasiones --no hoy explícitamente-- que Gochicoa debería ser cesado inmediatamente y, si no, dimitir.
Después de que Revilla haya insistido hoy en que esperará a conocer el sumario completo del caso --el cual ya tiene y está examinando el Gobierno-- antes de decidir si hay algún político implicado y anunciar, en ese caso, las medidas que correspondan, Buruaga se ha reiterado en su postura, en que no hace falta que estén implicados en la trama para que tengan que asumir las responsabilidades políticas por lo ocurrido en un departamento de su competencia.
"Eso es la responsabilidad política y en eso consiste la responsabilidad política. No hace falta ser culpable ni delincuente, simplemente el ser responsable de la gestión que depende de ti. El consejero y el director general no vienen a un balnerario, están al frente de una consejería del Gobierno para ejercer competencias; para gestionar y velar por el uso del dinero público y para dar resultados a los cántabros. Eso tiene también otra vertiente, que también hay que dar cuentas y también hay que asumir responsabilidades. Eso es la política, para unos y para otros", ha dicho.
Buruaga ha reiterado que para depurar esas responsabilidades políticas y de gestión --las legales y jurídicas lo harán los tribunales, insiste-- "no hay que estudiar el sumario" del caso sino "escenificar y hablar menos y hacer más".
Y es que, la líder del PP, ya se sabe lo que ha ocurrido y de quién depende dicho área desde el punto de vista político y de gestión. "Eso es innegable, eso es cierto y eso es objetivo y ahí están los hechos", ha afirmado Buruaga. "La sentencia está muy clara. Revilla dixit: si lo sabía era un delincuente, si no lo sabía es un incapaz y por tanto no puede estar ni un minuto más al frente de esa responsabilidad política", ha concluido.
En cuanto al sumario, Buruaga espera que en él no aparezca ningún político. "Si hay algún político en el sumario estamos hablando de un político que puede ser un presunto delincuente. Político espero que no esté en el sumario", ha añadido.
La líder del PP se ha quejado de que "se está tardando demasiado tiempo en asumir responsabilidades" y se están dando "demasiadas vueltas innecesarias tratando de confundir y mezclar cosas que no se deben mezclar: la respon penal o jurídica es una y la política y de gestión otra".
Buruaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras una reunión que ha mantenido este miércoles con representantes de la Policía Nacional y la Guardia Ciavil para tratar sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.