partes al expediente sancionador que se instruye en el Consistorio.
SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de propietarios, el promotor de las obras, el contratista y el director de obra han presentado alegaciones al expediente sancionador que se instruye en el Ayuntamiento de Santander sobre el derrumbe parcial registrado en un edificio de la calle del Sol el pasado mes de julio.
Las alegaciones, en todos los casos relativas a cuestiones administrativas y de procedimiento, están siendo ahora analizadas por la funcionaria municipal encargada de instruir el expediente sancionador para determinar los próximos pasos, según ha informado el equipo de Gobierno en nota de prensa tras la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en la que se ha abordado la situación actual del edificio.
Así, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha explicado los trabajos que se están desarrollando en este momento para determinar las actuaciones necesarias para que puedan volver a ocuparse las cinco viviendas del centro, así como las obras que se están realizando en la casa contigua al edificio para reparar el tejado, que se vio afectado por el derrumbe.
Igualmente, se ha entregado a los miembros de la comisión copia de la resolución por la que se autoriza el acceso a los pisos de la mano derecha y se ha dado cuenta de las alegaciones presentadas por las partes al expediente sancionador que se instruye en el Consistorio.
Por último, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha informado también de la remisión al Juzgado de Instrucción número 3 de Santander de toda la documentación que ya había sido puesta a disposición de la Fiscalía.
Díaz ha subrayado que el equipo de gobierno sigue actuando así con "rigor, responsabilidad y máxima transparencia", informando a los grupos municipales de los pasos que se van dando y atendiendo de manera permanente a los vecinos y afectados.
Ha reiterado que la prioridad municipal es facilitar el regreso de los vecinos a sus viviendas con la mayor agilidad y con las máximas garantías, así como la atención permanente a todos los afectados. En este sentido, y además de las ayudas otorgadas hasta la fecha, se suma la que se acaba de aprobar a favor del negocio de tatuajes situado en el local comercial, que podrá cobrar hasta un máximo de 3.000 euros por los gastos que justifique asociados al suceso.