Proponen vincular lo recaudado a las eléctricas a combatir la pobreza energética

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Cantabria va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la región para proponer vincular lo recaudado por una tasa municipal a compañías de generación y distribución de electricidad por el uso de suelo de dominio público a combatir la pobreza energética, a través de medidas como el bono social.

La iniciativa, desarrollada junto con las plataformas Por un nuevo modelo energético y Cantabria por lo público y sin recortes, será propuesta directamente por IU en aquellos consistorios en los que tiene representación -13 de un total de 102, y que son los más grandes a excepción de Torrelavega, y con concejales en el equipo de gobierno en San Vicente de la Barquera o Cabezón de la Sal-, y se planteará también a otros partidos en el resto de ayuntamientos, con la intención de lograr un "pacto político".

El objetivo es que la propuesta sea debatida y aprobada, para lo cual se precisa que haya "voluntad política", según ha señalado este lunes el portavoz de Izquierda Unida en Cantabria y concejal en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por portavoces de los citados colectivos, Luis Cuena, de la Plataforma por un nuevo modelo energético-Nodo Cantabria, y Francisco Antolín, de la Plataforma Cantabria por lo público y sin recortes.

Según han explicado, la moción está relacionada con una tasa municipal a cobrar a las eléctricas por ocupación de vuelo, suelo y subsuelo -por la instalación de torres y cables en espacios de dominio y uso público-, para vincular lo recaudado a paliar y combatir la pobreza energética (hogares con dificultades para pagar las facturas de la luz y calefacción, por bajos ingresos familiares y elevados costes energéticos), a través de medidas como el bono social, que está a punto de regularse mediante un Real Decreto Ley.

En este sentido, han recordado -y así se recoge en el texto de la moción- que Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que las compañías de electricidad, gas, agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local.

Tasa que en los ayuntamientos que la recogían en sus ordenanzas -prosigue el texto a debatir y aprobar en los Plenos- no se recaudaba, ya que las empresas en cuestión no la reconocían o la consideraban desproporcionada.

A ello se suma que la Justicia había desestimado hasta ahora los recursos interpuestos por los ayuntamientos en este sentido. Sin embargo, las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo han legitimado las ordenanzas de tres ayuntamientos: Serradilla (Extremadura), Villalcampo (Zamora) y Arteixo (La Coruña), siendo ese último el modelo que quieren seguir IU y las dos plataformas cántabras.

En concreto, los fallos del Alto Tribunal han aceptado la valoración de estos tres ayuntamientos de las líneas eléctricas y las canalizaciones como construcciones, a efecto de cálculo de la base imponible de la tasa por la utilización del dominio público.

Amparados en estas resoluciones, Izquierda Unida y los citados colectivos en pro de lo público y por un nuevo modelo energético proponen, en primer lugar, que en todos los municipios de la región se realice un estudio técnico de las construcciones que pasan por dicho término y otro económico, basado en el anterior y en un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, para comprobar el impacto que la medida que plantean tendrían en los ingresos del ayuntamiento en cuestión.

A partir de ahí, se desarrollaría una propuesta de ordenanza por ocupación de dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de energía -y agua también- basadas en los informes previos, para establecer un carácter "finalista" en la recaudación de las tasas que deben pagar las compañías eléctricas, de gas, agua e hidrocarburos, para que se dediquen a prevenir y combatir la pobreza energética de los suministros básicos en los hogares cántabros, cubriendo exenciones y bonificaciones.

Al hilo de lo anterior, Cuena ha criticado que ciertas normas, como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Cantabria, hagan referencia al cobro y destino de estos impuestos, pero "sistemáticamente se están incumpliendo", bien porque se "ignora" este contenido o se diga desde las administraciones que "no hay dinero", lo cual es "una burla", dado además el "pequeño" porcentaje de las recaudaciones que se prevé para estos fines.

"Se gastan tiempo y dinero en hacer una ley que no son capaces de aplicar", ha afeado el portavoz de la Plataforma por un nuevo modelo energético, que ha recordado que España es uno de los países de la Unión Europea con los precios de las electricidad más altos, tan solo por detrás de las islas de Chipre y Malta.

En este sentido, ha recalcado que en los años "más duros" de la crisis es cuando más ha subido en nuestro país el precio de la electricidad, fruto de un "absoluto desacoplamiento".

Con todo lo anterior, y teniendo en cuenta que está a punto de regularse quién puede acogerse al bono social, en IU consideran que es "un buen momento" para debatir la moción que van a presentar en todos los ayuntamientos, con la esperanza de que haya "voluntad política" para que salga adelante y apoyar así a los vecinos más desfavorecidos. "Se trata de elegir si quieres beneficiar al lobby energético o si quieres beneficiar a tus vecinos", ha concluido Saro.