Revilla dice que el Gobierno "no ha tratado" el PGOU y que sólo se han dado "opiniones"

El presidente y líder regionalista ratifica su "disposición" y la de su partido a "echar una mano" al Ayuntamiento en un planteamiento "legal"

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro y secretario general de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el Gobierno "no ha tratado" aún la solución a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, un tema que "discutiremos cuando llegue al momento".

Así, hasta ahora, cada partido que integra el Ejecutivo, PRC y PSOE, ha dado "su opinión" sobre el asunto, pero no han opinado "como Gobierno".

Revilla ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la postura de la coalición ante la derogación del PGOU por el Tribunal Supremo, y a propósito de la petición del Ayuntamiento de Santander (dirigido por el PP) de incluir una modificación de la Ley del Suelo a través de la Ley que acompaña a los presupuestos de 2017 (que están negociándose) para dotar a la capital cántabra de normas urbanísticas transitorias.

Hasta ahora, Revilla y el PRC se han mostrado a favor de la salida planteada por el Consistorio, aunque el PSOE la ha rechazado y se ha decantado por esperar a la reforma de la Ley del Suelo, como ha manifestado la Dirección General de Urbanismo, que depende de la Consejería de Medio Ambiente que dirige la vicepresidenta y líder de los socialistas Eva Díaz Tezanos.

Cuestionado por esta postura del director general y, por tanto, del departamento del que depende, el presidente regionalista ha sentenciado que "la consejería es una cosa y el Gobierno otra".

Aún así, ha asegurado que el Gobierno no ha "tratado" este tema, tal y como expresó él a un medio de comunicación y ratificó después, a través de una nota de prensa, la vicepresidenta. "Ya lo discutiremos cuando llegue el momento".

De todas formas, Miguel Ángel Revilla ha reiterado su "disposición" y la de su partido a "echar una mano" al Ayuntamiento de Santander ante un planteamiento "legal" tras la anulación del PGOU, que supone "un drama para mucha gente".