Santander litigará contra los gobiernos regional y central por el convenio con Caja Cantabria

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ejercitará acción judicial contra el Gobierno de Cantabria, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por el convenio de más de siete millones de euros con la Fundación Caja Cantabria que tuvo que ser resuelto tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.

El Ayuntamiento y la entidad firmaron en diciembre de 2010 aquel convenio que contemplaba un cambio de usos de la parcela de la antigua residencia de Cazoña, propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria, para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba entonces en curso, fue aprobado en 2012 y anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2017.

En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros que, una vez anulado el planeamiento y con ello el cambio de uso de la parcela, el Ayuntamiento tenía que devolver y, para ello, alcanzó un acuerdo con la Fundación Caja Cantabria para hacer en varias anualidades.

Y, de forma paralela, el Consistorio inició la reclamación de esa cantidad a las administraciones regional y nacional al entender, como han defendido siempre desde el Ayuntamiento de Santander, que el PGOU fue anulado por una "causa externa" como fue la anulación del bitrasvase por su "deficiente" evaluación ambiental.

A principios de agosto, el Gobierno regional desestimó a reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Ayuntamiento de Santander, que no ha sido hasta ahora cuando ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales.

En concreto, el Consistorio ha aprobado hoy litigar contra el Ejecutivo regional después de que éste desestimase la reclamación y también ejercerá acciones judiciales contra "la desestimación presunta de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas también frente al Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico".

La decisión de iniciar acciones judiciales se ha adoptado este lunes en la Comisión de Desarrollo Sostenible con los votos a favor de PP, Cs y Vox y la abstención de PSOE, PRC y Unidas x Santander, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Santander.

Al tener que resolver el convenio como consecuencia de la anulación del PGOU, el Consistorio santanderino alcanzó un acuerdo con la Fundación Caja Cantabria para devolverle los 6,9 millones de euros en varias anualidades. La primera fue en 2017 por 940.000 euros, en 2018 se abonaron 2 millones de euros y el resto en otras anualidades hasta 2023.