Seis de los acusados por tráfico de drogas aceptan entre 18 meses y 7 años de cárcel

Los otros tres procesados por supuestamente integrar la red rechazan la conformidad planteado en el juicio, celebrado en la Audiencia

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis de los nueve acusados de integrar un grupo que supuestamente se dedicaba a traficar con drogas dentro y fuera de Cantabria han aceptado este lunes penas que oscilan entre 18 meses y siete años de cárcel, según el nuevo escrito de acusación del fiscal -que inicialmente solicitaba de cinco a diez años de prisión- y al que se han adherido los abogados de estos procesados al inicio del juicio, celebrado en el Audiencia Provincial.

Los otros tres -dos hombres y una mujer, sobrina del 'cabecilla' y sentada en el banquillo por cómplice- han rechazado sin embargo las calificaciones y condenadas reclamadas para ellos, de dos y tres años de encarcelamiento, y sus letrados han interesado la libre absolución para ellos, a la par que han criticado la investigación policial.

Ha sido durante la vista, desarrollada en la Sección Tercera, con acuerdo para seis de los implicados por pertenecer presuntamente a la citada red, con base en Santa Cruz de Bezana. Además, a cinco de los enjuiciados se les ha aplicado la atenuante por drogadicción, en uno de los casos muy cualificada.

Así las cosas, el representante del ministerio público ha presentado en el arranque de la sesión un nuevo escrito en el que se modifican los hechos y penas a todos los acusados, no solo a los que se han mostrado conforme con la acusación, por delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave año y uno de ellos también por tenencia ilícita de armas.

Entre quienes han aceptado figura el líder de la trama, que será condenado a siete años de cárcel y al pago de una multa de 90.000 euros. La segunda mayor pena, de tres años y medio de prisión y multa de 40.000 euros, ha recaído en una mujer, mientras que para cuatro hombres más se han solicitado tres años -y multa de 35.000 euros a uno de ellos-, aunque dos no han aceptado la pena y se han declarado inocentes.

También ha rechazado la acusación una mujer a la que el ministerio público reclama dos años de cárcel, el mismo tiempo que sí ha aceptado otro procesado -junto con el pago de 500 euros- en tanto que sobre el último han recaído 18 meses de prisión.

Según la Fiscalía, tres de los encausados se dedican al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, hecho que esta parte ve corroborado en los distintos seguimientos policiales de los que fueron objeto y de las sustancias y efectos encontrados, tanto en el momento de su detención como en los registros de sus domicilios.

Los dos principales procesados -un hombre y una mujer- fueron arrestados cuando llegaban a la vivienda que comparten en Bezana portando una bolsa de plástico con más de 34.000 euros procedentes, según el fiscal, de la venta de droga, presumiblemente cocaína, en la localidad zaragozana de Tarazona, viaje con el que "estalla" la operación.

En esa casa y en otra de Mompía, en el mismo municipio, se localizaron sustancias estupefacientes -cocaína y bellotas de resina de cannabis, de casi dos kilos de peso- y elementos para preparar la droga, así como un revólver y una pistola detonadora.

El tercer sospechoso fue detenido horas después cuando portaba más de un kilo de cocaína que llevaba al domicilio del primero. En su vivienda encontraron esta sustancia, hachís y 41.060 euros procedentes del tráfico de sustancias. La droga ocupada a los tres, de disposición conjunta, está valorada en el mercado negro en más de 130.000 euros.

La acusación pública entiende que para su actividad ilícita se valían de la colaboración de otras personas, también acusadas. Dos de ellas les prestaban sendos vehículos y un garaje, para que los principales procesados no fueran localizados -sus coches estaban balizados-; otras tres formaban parte de la red de contactos para la distribuir la droga a menudeo, en Cabezón de la Sal, San Juan de la Canal y Santander; y el último usaba su profesión de taxista para distribuir con facilidad la droga.

Por estos hechos, el fiscal pedía inicialmente siete años de prisión y multa de 150.000 euros para dos de los principales acusados, y diez años de cárcel y 200.000 euros para el tercero, al que se aplicaba la agravante de reincidencia y se le imputaba además el delito de tenencia ilícita de armas. Y al resto, les reclamaba cinco años de cárcel, penas que en la vista ha rebajado, abarcando desde los 18 meses a los siete años de privación de libertad.

Al haberlas aceptado seis de los nueve encausados -para los que se dictará sentencia en base a lo acordado-, la vista se ha celebrado para los tres implicados que han rechazado la conformidad, que se han declarado inocentes.

TRES PROCESADOS RECHAZAN LA CONFORMIDAD

Es el caso de un hombre que si bien ha manifestado tener una relación de "amistad" con el cabecilla del grupo, ha negado a preguntas del fiscal que le pasara droga, que él la vendiera o que manifestara que era consumidor a los agentes en el momento en el que le arrestaron.

Sin embargo, cuestionado por su abogado ha admitido adiciones -a la cocaína- durante varios años por lo que estuvo internado en un centro. También ha reconocido haberse reunido con el líder de la trama, pero para darle el papel de una moto que le había vendido, según ha justificado.

Otro procesado que ha rechazado el acuerdo ha explicado a las partes que compagina su labor de funcionario en un colegio con la venta de seguros, y ha atribuido a esta última actividad breves encuentros -de pocos minutos o incluso segundos, según la instrucción- en el centro educativo -donde reside y tiene su oficina de trabajo- con el principal encausado, por la venta de distintas pólizas que él hace "vis a vis" o "boca a boca".

"Tiene conmigo quince pólizas, de todo tipo", ha enfatizado, para admitir que hubo más citas, como una en el aparcamiento de un centro comercial de Santander o en un restaurante. "Con todos los clientes que tengo quedo siempre", ha destacado, antes de asegurar que los tiente tanto dentro como fuera de Cantabria y, también, de referirse al "daño que me han producido" con esta acusación.

La tercera procesada que ha rechazado el acuerdo es sobrina del jefe de la agrupación y al que prestó su coche, pero "solo y exclusivamente" en una ocasión: el día que viajó a Tarazona, después de que él se lo pidiera mientras desayunaban juntos. Pero esta mujer ha negado saber para qué quería el vehículo, que tenía trece años de antigüedad y le había dado "problemas" para pasar las últimas inspecciones técnicas: "Como es mi tío, no pregunto y se lo dejo".

Según ha indicado, se enteró que había viajado con él a Zaragoza por la noche, cuando la llamó por teléfono para preguntar por los papeles del automóvil porque se había estropeado. "En ese momento me entero que está fuera de Cantabria". También indicado que tenía con él una relación "familiar" y que le ayudó hace años para ayudarle con su problema con las drogas.

Tras el interrogatorio a los procesados se ha desarrollado la prueba testifical, con el instructor de la investigación y otros agentes que participaron en la misma, que se encargaron de labores de vigilancia y seguimiento -les vieron quedar "de la manera en que se hacen 'pases' en la calle"-, así como escuchas telefónicas, parte de las cuales han sido reproducidas en la vista, y en la que a juicio de los efectivos los implicados hablan de forma "velada" o "en clave" sobre el tráfico de drogas.

En el turno de informes, el fiscal ha pedido que todos sean condenados, también los tres que han rechazado la conformidad, por su participación en los hechos.

Pero sus abogados han insistido en la libre absolución y han criticado la investigación, "nada buena", que ha desembocado en una instrucción que han tachado de "desastre". A su juicio, se parte de una "suposición" sobre un "trapicheo" y los atestados se "adornan" con "brocha gorda".