Solo uno de los ocho detenidos en la operación de UDEF y Agencia Tributaria es funcionario del Gobierno

Coches de policía en la entrada de la Consejería de Obras Públicas
Coches de policía en la entrada de la Consejería de Obras Públicas - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press
Actualizado: miércoles, 22 febrero 2023 20:12


SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Solo una de las ocho personas detenidas este miércoles dentro de la operación que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria con registros en la Consejería de Obras Públicas es funcionaria del Gobierno de Cantabria.

La jornada de hoy se ha cerrado con ocho detenciones que han tenido lugar por la mañana, aunque al comienzo del día no se descartaba que pudieran ser más. Junto a ellas se han llevado a cabo varios registros en la Consejería, varias empresas y domicilios particulares.

Aunque no se han precisado identidades ni los hechos concretos que se les imputan, ya que se ha decretado el secreto de sumario, fuentes de la investigación han pedido al Gobierno de Cantabria que confirme si uno de los detenidos tiene la condición de funcionario en esta Administración, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, confirmaba esta mañana que se había iniciado una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, y tras ello han sido numerosas las reacciones políticas.

Entre ellas la del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que ha comparecido ante los medios para asegurar "total transparencia" y colaboración para esclarecer los hechos, o el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que también ha ofrecido colaboración a la Justicia y ha deseado que, si algún funcionario ha aprovechado su cargo para "lucrarse", caiga sobre él "todo el peso de la ley".

Tampoco han faltado las reacciones del resto de partidos, como PP, Ciudadanos y Vox, que han pedido a Revilla y a Gochicoa comparecer para dar explicaciones; o Izquierda Unida y Podemos, que han reclamado que asuman "responsabilidades políticas" por "no vigilar adecuadamente" lo que ha ocurrido en el departamento de Obras Públicas.