El TSJC asumiría que no se atendieran este año sus peticiones para ayudar a afectados por la DANA

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López del Moral solicita más formación para jueces en materia de gestión de emergencias y catástrofes

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha reconocido que entenderá que las reclamaciones del TSJC no sean atendidas este año debido a las necesidades de Valencia por las inundaciones causadas por la DANA, que han dejado más de dos centenares de fallecidos e innumerables y cuantiosos daños materiales en esta provincia y otros puntos del Levante y el sur de España.

"Todos asumiríamos que no se atendiera este año ninguna petición y que todas las dotaciones económicas que pudieran destinarse a incrementar la planta judicial y a atender las necesidades de la Justicia en Cantabria se destinen a mejorar la situación de las víctimas de esta lamentable situación en la Comunidad Valenciana".

Así lo ha admitido el jefe del TSJ cántabro este martes en el Parlamento regional, donde ha presentado la Memoria Judicial 2023, que recoge el balance de actividad de ese ejercicio, marcado por la conflictividad laboral, y en el que los asuntos ingresados cayeron un 3,4%, hasta los 76.848, y se resolvieron 73.237, un 4,5% menos.

El documento también se hace eco de las demandas en la comunidad autónoma, como el séptimo juzgado de lo social, otro más para San Vicente de la Barquera y el tercero del partido judicial de Santoña. Pero López del Moral ha antepuesto las necesidades derivadas de la tragedia ocasionada por la DANA a la reclamación de más medios materiales para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cantabria.

Y en su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara también ha informado de la solicitud de más formación para jueces en materia de gestión de emergencias y catástrofes, ya que en la actualidad solo dos magistrados de la región tienen acreditada dicha formación.

"Ahora estamos viendo lo que ocurre en estas situaciones: nos hacen falta forenses, gestionar identificación, por desgracia, de muchos cadáveres, y hace falta que los jueces sepan qué hacer" y que "no sean un estorbo en una emergencia, sino que sepan coordinarlas".

PACTO POR LA JUSTICIA, ESTA LEGISLATURA

Por lo demás, y en respuesta a preguntas de los parlamentarios, el presidente del TSJC ha considerado que todos los compromisos recogidos en el primer Pacto para la Justicia de la comunidad autónoma, firmado el pasado mes de julio entre el Gobierno y los agentes del sector, se deben atender a lo largo de esta legislatura, articulando para ello partidas en los presupuestos regionales, ya que "algunas tienen un impacto económico importante, otras no tanto".

El documento contiene un total de doce compromisos, articulados en tres ejes: dotación de medios humanos y materiales, mejora de la gestión administrativa e impulso a los servicios judiciales.

El primero incluye la creación de unidades judiciales y la ampliación o mejora de edificios e infraestructuras existentes, como nuevas sedes de los Juzgados de Laredo y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la ampliación de Las Salesas y la adecuación de las instalaciones del Palacio de la Justicia y el Edificio Europa de Santander.

El segundo contempla una inversión de 6,6 millones para la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, la modernización de los juzgados de paz y la integración completa del sistema de gestión procesal Vereda; y el tercero, la expansión del proyecto de mediación intrajudicial, la revisión de la normativa autonómica sobre personal, el despliegue de las oficinas del Registro Civil o la implementación de las reformas contempladas en las leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal.

PETICIONES DEL TSJC

López del Moral ha expuesto en el Legislativo la memoria del año pasado, que hace balance de la situación de la Justicia en Cantabria y recoge las necesidades de los juzgados y tribunales. Elaborada con informes de jueces y magistrados que ejercen en la región y aprobada por la Sala de Gobierno del TSJC, pide la creación de un nuevo juzgado laboral, el que sería el de lo Social número 7 de Santander, dada la "elevada litigiosidad" que registran los actuales juzgados, de las más altas de España.

También solicita un nuevo juzgado para San Vicente de la Barquera, que solo cuenta con un órgano judicial que atiende a un territorio "de gran extensión", así como un tercer juzgado para el partido judicial de Santoña. En ambos casos se piden debido igualmente al "elevado" número de asuntos que registran los órganos judiciales de estos partidos judiciales. Las necesidades de planta se completan con la petición de dos nuevas plazas de magistrado en la Audiencia Provincial: una para las secciones civiles y otra para las penales.

Necesidades de otra índole son, por ejemplo, la creación de salas de espera diferenciadas para víctimas, la dotación en las sedes judiciales de salas multiusos que permitan la realización de videoconferencias para cumplimentar los exhortos que llegan de otros juzgados de España, o mejoras estructurales en las sedes y renovación de mobiliario.

Asimismo, se hace eco la Memoria Judicial de las necesidades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que carece de sede propia, sus salas de consulta son "reducidas" y la mayoría "carecen de ventanas", y las salas de autopsia que tiene en Valdecilla "no reúnen los requisitos legales para estas instalaciones".

Igualmente, se pide mejorar la formación y nombramiento de interinos, para que los que se incorporan al órgano que les requiere tengan conocimientos previos de las funciones que van a desempeñar; eliminar las "disfunciones" en los equipos psicosociales, que "tardan meses en emitir sus informes"; y subsanar las "deficiencias" del editor de textos del sistema de gestión procesal Vereda, donde se redactan todas las resoluciones judiciales.

BALANCE DE ACTIVIDAD

En su intervención, el presidente del TSJC también ha hecho balance de la tasa de resolución de los órganos judiciales de Cantabria, según la cual la comunidad está, junto con Madrid, a la cabeza del país, al resolver el 95% de los asuntos que entraron, por encima de la media, que fue del 92%.

Aunque si se analiza el ingreso con relación a la población por jurisdicciones, la litigiosidad en los juzgados laborales cántabros es de las más elevadas de toda España, con 12,14 asuntos por cada mil habitantes, frente a una media de 9,63, lo que justifica la petición de un nuevo Juzgado de lo Social.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En materia de violencia sobre la mujer, los órganos judiciales de Cantabria registraron en 2023 un total de 2.492 denuncias, un 12,4% más, y supone casi siete denuncias al día, con 2.327 mujeres víctimas, un 11,5% más. Esto último dato hace que la tasa en la región sea de 76,7, inferior a la media nacional, de 79,4.

Un año más destacó que un total de 358 denunciantes decidieron no declarar cuando comparecieron ante los juzgados de violencia sobre la mujer, el 15,4% de todas (por encima del 10% de España), y lo que supone un aumento del 57% respecto a las 228 de 2022.

Además, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, especializado en enjuiciar delitos menos graves de violencia machista, otras 20 mujeres decidieron no declarar al ser llamadas a juicio, once menos que un año antes.

Al hilo de estos datos, y a preguntas de los diputados de la Comisión de Presidencia, López del Moral ha indicado que en lo que va del presente ejercicio las cifras son "mejores", ya que no hay "tantas" víctimas que se acojan a su derecho a no declarar tras denunciar.