SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La denominada 'ley de realojos' de Cantabria, actualmente en vigor tras ser aprobada el pasado octubre, suprimirá uno de sus artículos para intentar evitar que el Estado la recurra al Tribunal Constitucional, una modificación legislativa promovida por Podemos, el grupo mixto y PP que este lunes ha recibido en el Pleno el respaldo de PRC y PSOE, los grupos que sustentan al Ejecutivo regional, lo que ha hecho que haya salido adelante por unanimidad.
La 'ley de realojos', aprobada con el sí de PP, Podemos y grupo mixto y la abstención de PRC y PSOE, modificaba la actual Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria --la conocida como ley del suelo-- para garantizar el derecho al realojo y retorno de afectados por actuaciones urbanísticas.
Ahora, menos de un año después de su aprobación por la Cámara regional se verá modificada para suprimir uno de sus párrafos --concretamente el apartado 4e de la Disposición Adicional Octava-- que generaba al Gobierno central (PP) dudas sobre su constitucionalidad al entender que la norma podía invadir competencias estatales en materia civil.
El párrafo en cuestión se refería al derecho de adquisición preferente por parte de la constructora o la administración, un punto que el grupo mixto, Podemos y el PP consideran "bien redactado" y es "constitucional" pero que están dispuestos a modificar para "blindar" la norma y evitar el recurso de incostitucionalidad, según explicaron en rueda de prensa cuando plantearon el pasado marzo la modificación que se ha aprobado este lunes.
Durante el debate de dicha modificación, diputados de los grupos promotores de la modificación han restado importancia a la trascendencia del párrafo que se elimina.
Así, el diputado del PP José Manuel Igual ha señalado que dicho párrafo era "ornamental", mientras que el del grupo mixto Juan Ramón Carrancio ha subrayado que su supresión no varía ni el sentido ni la utilidad de la norma.
Además, los diputados 'populares', podemitas y del grupo mixto han subrayado también en su intervención la importancia de la 'ley de realojos', que, por ejemplo, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, la ha calificado de "hito" y considerado una victoria de la sociedad civil.
También el diputado del grupo mixto Rubén Gómez ha considerado que la 'ley de realojos' supuso un "gran avance" e Igual (PP) ha recordado que su grupo creyó en la norma desde el principio.
Los grupos impulsores de la modificación también se han felicitado de que PSOE y PRC hayan decidido ahora apoyarla pese a haberse abstenido cuando se aprobó la norma, algo que Igual ha considerado un "motivo de satisfacción".
El diputado del PP ha aprovechado su intervención para aclarar que las dudas del Estado sobre la constitucionalidad de la norma no afectan a los objetivos principales de ésta, que eran los de garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por actuaciones urbanísticas en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual.
También por medio de esta ley se extiende el derecho del realojo y retorno en favor de quienes explotan locales comerciales o negocios en los ámbitos de actuación afectados por las operaciones de renovación urbana o reforma interior.
Esta ley obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional.
Además, en la norma se imponía como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria. Se introduce con este texto la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan "condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su unidad familiar o de convivencia".
Así, ha subrayado que el aspecto de la adquisición preferente era "algo ornamental de la ley". "Si hay que quitar ese párrafo se quita", ha dicho Igual.
Por su parte, la socialista Silvia Abascal ha opinado que "el tiempo ha dado la razón" a su grupo en las advertencias hechas sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos de la norma y ha defendido los motivos por los que el PSOE no apoyó la 'ley de realojos' al considerar que era una modificación "a la carta" de la ley del suelo para solucionar un problema concreto del Ayuntamiento de Santander.
Sin embargo, ha explicado que el PSOE ha decidido apoyar la modificación para dar "seguridad jurídica" a los afectados.
El PRC también ha decidido dar su respaldo a dicha modificación pese a haberse abstenido en la aprobación de la 'ley de realojos'.
Además, la regionalista Rosa Díaz ha recordado que desde el Gobierno regional (PRC-PSOE) se decidió apoyar ante el estado la inconstitucionalidad de la norma.