GUADALAJARA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Guadalajara ha mostrado su discrepancia con el Plan de Choque de la Justicia propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, pues considera que "más que un plan de choque, se ha elaborado una reforma legislativa de tal naturaleza y calado que supone una merma de los derechos y garantías procesales de ciudadanos, consumidores y profesionales".
Dicho plan, "exigiría el consenso de todos los operadores jurídicos dentro de los cuales la Abogacía, como defensora del justiciable, debería tener un papel preeminente y no de mero espectador", ha indicado el colegio en nota de prensa, en la que ha considerado que muchas de las soluciones propuestas "son manifiestamente discutibles, cuando no inaceptables, y más parecen diseñadas para mejorar la estadística de los Juzgados que para mejorar el funcionamiento de la Justicia".
De igual modo, considera en cuanto a las reformas procesales concretas en cada uno de los órdenes jurisdiccionales que se proponen que "la única finalidad la obtención de unos hipotéticos resultados positivos en cuanto al alivio de trabajo en los Órganos judiciales, sin detenerse a verificar si dichas medidas respetan el contenido básico del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".
"La reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales, el establecimiento de Órganos Unipersonales, el ataque a la oralidad, el dictado de sentencia "in voce", las limitaciones en el ejercicio de defensa en los escritos forenses y reducción del protagonismo de la Abogacía, en aras únicamente a obtener resultados en la carga de trabajo, son medidas que no pueden admitirse en modo alguno desde la perspectiva de la Abogacía ya que cercenan el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos", han añadido desde este órgano colegial.
De igual modo, consideran que dicho plan manifiesta que "la situación creada con la declaración del estado de alarma en relación a la Administración de Justicia ha puesto en evidencia, de manera cruda y repentina, las carencias que afectan a dicha Administración, fruto del persistente olvido de todos los gobiernos".
"La inexistencia de un plan que garantice el funcionamiento de la Justicia en caso de una situación excepcional debería haber sido, y sigue siendo, una lacra que debe ser resuelta por los órganos competentes a la mayor brevedad posible, ante el riesgo cada día más cierto de que ésta, u otra de análogas características, pueda producirse de nuevo", han añadido.
Por último, han instado a los máximos responsables del Consejo General de la Abogacía Española "a que defiendan, con valentía y sin prejuicios, los intereses de sus miembros, que al fin y a la postre son el mecanismo y el instrumento del derecho a la tutela judicial efectiva que descansa en sus clientes".