Accem pide que la protección de las personas y de los derechos humanos guíe la acción política de migraciones

GUADALAJARA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Accem, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes este 18 de diciembre, ha reivindicado que la protección de las personas y de los derechos humanos sea el centro del debate público y guíe la acción política en materia de migraciones.

"En un contexto europeo cada vez más inquietante, en el que se normalizan iniciativas inconcebibles hace algunos años, como la creación de centros de internamiento para personas migrantes en terceros países externos a la UE o se abre la puerta al cuestionamiento de derechos como el principio de no devolución, contemplado en la figura de la protección internacional, España debe tomar medidas que se desmarquen de las políticas europeas basadas en la externalización y el control de fronteras", ha exigido la organización.

Entre enero y noviembre de este año, la entidad ha atendido a 51.598 personas migrantes --1.753 de ellas en Castilla-La Mancha-- del total de 90.190 personas extranjeras.

Esas 1.753 personas atendidas en la región, procedían Colombia (337), Marruecos (282), Perú (203), Venezuela (198) y Senegal (129). Por provincias, en Albacete se dio acompañamiento y atención a 364 personas migrantes, en Ciudad Real a 150, en Cuenca a 78, en Guadalajara a 1.063 y en Toledo a 122.

Esta atención va desde la acogida hasta el acompañamiento que incluye asistencia social para facilitar su integración en el país, asesoramiento jurídico para regularizar su situación y apoyo psicológico para afrontar, entre otros, traumas derivados de su experiencia migratoria.

Los principales países de origen son Senegal (11.594), Mali (11.165), Marruecos (5.826), Colombia (3.045), Guinea Conakry (2.579).

"Este 2024, además, ha sido el año en el que se han contabilizado más llegadas de personas desde que hay registros, muchas de ellas huyendo de contextos bélicos, de inestabilidad social y política o de persecución por diferentes motivos, como el género o la orientación sexual", ha precisado Accem, que añade que, según los datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, han llegado a España 60.216 personas migrantes, 7.625 más que en el mismo periodo de 2023.

"Asimismo, este año lamentamos la muerte de más de 3.000 personas, según los datos de la OIM, intentando alcanzar las costas europeas tanto a través del Mediterráneo como del Atlántico. Desde 2014, la agencia de Naciones Unidas para las migraciones ha documentado alrededor de 36.000 muertos en las fronteras marítimas de la UE. Accem se niega a naturalizar esta realidad atroz que se vive en las fronteras españolas y europeas por la falta de vías legales, seguras y reales para la migración", ha denunciado.

DISCURSOS DE ODIO Y MENORES MIGRANTES

Por otra parte, la entidad lleva años alertando sobre el aumento de los discursos de odio en la sociedad contra las personas migrantes.

"En los últimos años, se ha visto no sólo un auge de estos discursos, sino la preocupante normalización y legitimación social. La normalización de los discursos discriminatorios, xenófobos o abiertamente racistas provoca consecuencias muy graves, abriendo la puerta a que se conviertan en acciones discriminatorias, actos violentos y delitos de odio", apuntan.

Argumentan que en la base de estos discursos de odio funciona siempre la misma dinámica de explotar la generalización, el tópico, el estereotipo, para abundar en procesos de estigmatización que dan paso después al señalamiento, la deshumanización y la criminalización.

"Desde Accem, queremos poner el foco en los discursos de odio que se ceban contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: los niños, niñas y adolescentes que migran solos, sin el acompañamiento, la protección y los cuidados de sus padres o tutores".

De hecho, según un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), estos chicos y chicas son el principal objetivo de estos discursos de odio.

Por ello, la entidad reclama que los derechos de la infancia sean puestos en el centro al abordar la atención social a estos menores en situación de especial vulnerabilidad y que esto se haga a nivel social, político y mediático.