Acepta 3 años y 3 meses de prisión por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en Puertollano

CIUDAD REAL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de liderar un grupo criminal que blanqueaba dinero procedente de la venta de cocaína y marihuana en Puertollano, R.S.O., ha aceptado este lunes una pena de prisión de tres años y tres meses de cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre Fiscalía y el abogado de la defensa después de reconocer los hechos momentos previos a la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Una pena de prisión que lleva aparejada también el pago de una indemnización de 120.000 euros.

En un principio, la Fiscalía pedía para el acusado una pena de seis años de prisión por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

Finalmente, se le ha absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y se le ha rebajado la pena de prisión por blanqueo de capitales hasta los tres años y tres meses, "la mínima por reconocimiento de los hechos", ha señalado el fiscal del caso, Jesús Gassent, a Europa Press después de alcanzarse el acuerdo entre ambas partes.

Por la parte de la defensa, su abogado, Miguel López, ha indicado a Europa Press que se trata de un "acuerdo satisfactorio para las dos partes", ya que se ha reconocido que el acusado "era consumidor habitual de cocaína", lo que le llevó a cometer "una serie de hechos delictivos".

En este sentido, el abogado defensor ha avanzado que va a solicitar la aplicación del artículo 80.5 del Código Penal para la suspensión de la pena de prisión debido a la obligación de su cliente a continuar con el tratamiento de deshabituación de la cocaína, aunque ha indicado que "habrá que esperar a conocer los informes de Proyecto Hombre".

OPERACIÓN CARBONELL

El acusado, detenido por la Policía Nacional, junto a su mujer y otras 37 personas, en el año 2016 en el marco de la 'Operación Carbonell', en la que se incautaron más de 37.000 euros, ocho kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína y 20 gramos de hachís, era uno de los últimos investigados que faltaba por juzgar de esta operación después de que el acusado no se presentara a la apertura del juicio oral a principios del año 2020 en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Una operación de la que aún queda por juzgar a la E.A, una mujer de nacionalidad paraguaya y que, en el momento de la detención, era la pareja sentimental de R.S.O, y que actualmente se encuentra en busca y captura.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, señalaba que, entre los años 2012 y 2016, la pareja hispano-paraguaya formada por R.S.O. y E.A., presentaba "un alto nivel de vida que no se corresponde con actividad laboral alguna, ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros, a cambio de dinero u otros efectos tales como móviles".

La pareja, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito", según el escrito de Fiscalía, lideraba en España un grupo de personas con idéntico ánimo, "debidamente estructuradas", que se dedicaban a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay desde la localidad de Puertollano, constituyendo esta actividad el medio de vida para todos ellos y cuyo entramado se gestionaba por un mínimo de once personas todos con algún parentesco entre ellas.

Como medio de pago de la droga proporcionada desde Paraguay, así como para repartir con ellos los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, el matrimonio utilizó envíos de dinero a Paraguay, a través de las oficinas de Correos u otras compañías. Explica el escrito que así le otorgaban al dinero obtenido de dicha actividad ilícita apariencia legal. También asegura que con este método llegaron a blanquear entre los años 2012 a 2016 hasta 333.439 euros.

El blanqueo también se hacía efectivo, según la teoría de la Fiscalía, mediante la adquisición por parte del acusado de vehículos y bienes inmuebles utilizando a otros integrantes del grupo como testaferros u otras personas no vinculadas con el entramado para ocultar la procedencia ilícita del dinero.