TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -
Los altos cargos y asimilados en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos tendrán la obligación de publicar sus agendas dentro de un mes, para promover el conocimiento por la ciudadanía de la actividad y gestión de la Administración regional.
Así consta en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, que fija la obligación de publicar las agendas de trabajo de los miembros del Consejo de Gobierno, de los titulares de los órganos directivos, de apoyo o asistencia, en el ámbito de la Administración regional y de las personas titulares de la presidencia, direcciones, direcciones ejecutivas, secretarías generales y asimiladas de los Organismos Autónomos de la Administración regional.
La publicidad de las agendas de trabajo se hará efectiva a través del Portal de Transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la información que se contendrá en las agendas y a la que se dará publicidad a través del Portal de Transparencia será la correspondiente a reuniones, eventos o encuentros que se mantengan con personas físicas o representantes de personas jurídicas, con altos cargos o asimilados o, en su caso, con empleados públicos, sobre asuntos relacionados con la actividad de la Administración regional, cualquiera que sea el lugar donde se celebren.
En particular, deberán incluirse, al menos, la asistencia a reuniones con agentes externos a la Administración regional, en particular asociaciones y plataformas de la sociedad civil, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones y empresas, así como las reuniones con representantes de otras Administraciones y organizaciones públicas, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.
De igual modo, se incluirán la intervenciones en conferencias y actos públicos, así como con medios de comunicación, eventos y actos institucionales y aquellos otros que se consideren de relevancia e interés ciudadano y reuniones en que participen altos cargos y asimilados de la Administración regional o, en su caso, empleados públicos, cuando aquellas sean de relevancia para la toma de decisiones.
Las agendas deberán incluir, al menos, la actividad, objeto y finalidad, en su caso ;la fecha, hora y lugar; las personas o entidades convocadas, el cargo o puesto que desempeñan y la organización a la que representan, en su caso, así como el organizador o convocante, si no es el titular de la agenda.
Dicho acuerdo, que contempla que no se incluirán aquellos eventos o datos en los que concurra alguno de los límites a que hace referencia el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha de 2016, establece que la publicación de los datos se efectuará, con carácter general, con una antelación mínima de 24 horas a su celebración.
LEY DE TRANSPARENCIA
Este acuerdo surge del artículo 9.3 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha de 2016, que establece como parte de la información institucional y organizativa que debe ser objeto de publicidad activa en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, la relativa a "las agendas de trabajo de los titulares de los órganos directivos, de apoyo o asistencia".
"Este indicador constituye una de las grandes novedades y avances en materia de transparencia que la Ley autonómica presenta respecto de la legislación autonómica comparada y, particularmente, suple una criticada omisión de la legislación básica estatal, contenida en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013", ha asegurado la Junta.
De igual modo, considera que el interés por conocer con quiénes se reúnen los altos cargos de la Administración regional, a qué eventos o actos institucionales asisten, qué temas se tratan en ellos y de qué manera influyen en los asuntos públicos, no sólo son cuestiones relevantes a efectos de implementar la transparencia pública, sino que facilita también a la ciudadanía sus posibilidades de exigir la oportuna rendición de cuentas a quienes en un momento determinado actúan como sus representantes y contribuye, en definitiva, a potenciar fórmulas de "gobierno abierto", ligadas a la profundización de los actuales modelos de democracia.