La mayoría de las CCAA cree que el margen fijado "no es suficiente" aunque supone un "avance"
MADRID/TOLEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, junto a otros cinco consejeros socialistas, se ha abstenido en la votación del déficit fijado en el 0,6% para 2017 en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)
"No hemos podido votar en contra porque es una décima más para aumentar el gasto dirigido a las comunidades que mejora la calidad de vida de los ciudadanos", ha manifestado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Aun así, Ruiz Molina ha querido mostrar su "total desacuerdo" con "la distribución vertical de los objetivos de déficit entre las Administraciones del Estado y las comunidades". "No existe proporcionalidad entre el gasto que asume el Estado y el importante gastos que asumimos las comunidades relacionada con el gasto social", ha destacado.
Los consejeros socialistas de Aragón y la Comunidad Valenciana han destacado que existe mejor interlocución y tono con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que no tiene mayoría absoluta en el Congreso, según han puesto de manifiesto a su salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves. No obstante, el Gobierno de Ximo Puig ha votado en contra del objetivo de déficit del 0,6% para el 2017, al igual que Baleares y Cataluña.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPF) reunido este jueves, el Gobierno ha logrado la aprobación objetivo de déficit fijado en el 0,6% para 2017, lo que supone una décima más de lo que inicialmente planteaba Hacienda (un 0,5%). Además, esta cifra es la mínima que exigían precisamente las comunidades socialistas.
Pero para los socialistas de la Comunidad Valenciana y Baleares ese margen no es suficiente y no lo han apoyado. A la salida de la reunión, el responsable de Hacienda valenciano, Vicent Soler, ha justificado su negativa a la oferta del Gobierno alegando la "imposibilidad" de que su región lo cumpla; mientras que desde el Gobierno Balear no han comparecido ante los periodistas para explicar su voto en contra al 0,6% de déficit.
Soler ha explicado que la cifra del 0,6% "no resuelve en absoluto" la situación de su Comunidad que, según ha recalcado, sufre "maltrato" en materia de financiación por parte del Ejecutivo: "Esto se ha de acabar", ha manifestado.
El consejero valenciano ha criticado que no se ha tenido en cuento el "esfuerzo terrible" realizado por la Comunitat Valenciana para cumplir con la senda a sabiendas de que tenía un déficit del 2,59% en 2015. Por este motivo, ha afirmado que esperaba un déficit del 1,4 para su región.
Y aunque ha aplaudido el "cambio de tono" por parte del Gobierno en las negociaciones con las administraciones territoriales, ha avisado de que está "muy lejos de satisfacer" a los valencianos.
ABSTENCIÓN DE LA MAYORÍA DE SOCIALISTAS
En total, seis comunidades autónomas se han abstenido en la votación del déficit del 0,6%. Junto a Cantabria, las socialistas Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón han dado su abstención alegando que, a pesar de que no es "suficiente", la cifra sí supone una mejora.
Por parte de Aragón, el responsable de Hacienda, Fernando Gimeno, también ha destacado "el cambio de tono" que ha percibido por parte del Gobierno en la reunión. Un cambio que se ha debido, a su juicio, a que esta vez el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta en el Parlamento.
Además, ha dicho que se ha abstenido en la votación porque, aunque desde su Comunidad se planteaba una cifra diferente, haber aprobado el 0,6 "significa un avance": "Nos hemos abstenido porque si no se aprobaran en el Congreso los objetivo de déficit, las comunidades se encontrarían en una situación catastrófica", ha añadido.
Por parte de Andalucía, la consejera María Jesús Montero, ha explicado su abstención porque esa décima de más es "razonable pero no suficiente", pero también ha destacado que conlleva el "compromiso" del Gobierno en otros aspectos: revisar la regla de gasto y el modelo de financiación en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para el mes de enero.
Desde Extremadura, la consejera Pilar Blanco-Morales sostiene que el 0,6% "no soluciona el problema de la infrafinanciación" que sufren las Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que ha reclamado la reforma del sistema de financiación autonómica.
EL VOTO A FAVOR DE CANARIAS Y EL PP
El resto de Comunidades ha votado a favor. Se trata de las regiones del PP y de Canarias, gobernada por CC en coalición con el PSOE. Su consejera, Rosa Dávila, ha asegurado que es "una magnífica noticia" el mayor margen de déficit para las comunidades, pero ha resaltado especialmente la ampliación de la regla de gasto al 2,1.
"Es la gran noticia tanto para Canarias como para Galicia, era muy importante para incorporar recursos que puedan volcarse a los servicios esenciales en tanto no cambia el sistema de financiación", ha explicado.
De las comunidades del PP, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León han expresado su satisfacción por el acuerdo. El consejero de la Región ha admitido que su situación es más difícil que la de otras regiones, pero ha querido destacar "el espíritu de consenso, que es importante que siga".
"Tenemos dos retos importantes, cambiar el modelo de financiación que tenemos que hacer entre todas las comunidades, no unas contra otras, y aprobar los Presupuestos del Estado, que afectan mucho a todas las comunidades", ha dicho el consejero murciano.
La consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que esa décima de margen nuevo para su comunidad son unos 56 millones de euros, "sirven por ejemplo para pagar un mes las farmacias, es dinero".
Aunque su propuesta era fijarlo al menos en el 0,7%, ha aplaudido la "flexibilidad" por parte del Ejecutivo central que "por primera vez" admite en la reunión un margen mayor del que planteaba de entrada: "Hasta ahora se era inflexible", ha declarado, y ha destacado "la mano" de la vicepresidenta y también ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.
Del Olmo ha reclamado también una mejor financiación para Castilla y León y ha criticado la reducción de las entregas a cuenta anunciadas por el momento para 2017. "El problema no es tanto el objetivo de déficit como que el modelo de financiación es malo malísimo. Hay comunidades que se quejan y crecen sus ingresos del sistema y en Castilla y León tenemos una bajada de ingresos. Nos es imposible hacer el presupuesto", ha afirmado.
La mayoría de las comunidades se han pronunciado de forma similar respecto a la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación. A juicio del consejero de Castilla-La Mancha es "la asignatura pendiente", aunque se abordará próximamente en la Conferencia de Presidentes en el Senado.