TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS)
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha (COAG-IR) defendió hoy la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) que contempla la creación de un Centro de Intercambio de Derechos agrarios públicos para dar respuesta a los agricultores profesionales y poner margen a los que "están especulando con el agua".
En rueda de prensa, el secretario regional de COAG-IR, José Rodríguez Villarreal, criticó que una liberalización del banco de derechos agrarios posibilitará un "mercadeo del agua", mediante la legalización de pozos en la cuenca del Guadiana, puesto que los pequeños agricultores no podrán hacer frente a un coste añadido.
Desde COAG-IR sostienen que esa propuesta, defendida desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), favorece a los "aguatenientes" por la diferencia de renta existente entre los profesionales de la agricultura y las grandes superficies, quienes recibieron subvenciones desde el 'Plan de Humedales', 'Compensación de Rentas' y por mejoras de riegos regional de 1993 a 2004.
El responsable de agua de COAG-IR, José María Oñate, consideró necesario aprobar el PEAG dado el "problema gravísimo" existente en la zona del Guadiana y destacó la función de los agricultores profesionales en la economía, la fijación de población en áreas rurales y la conservación de reservas naturales.
De este modo, Oñate, quien se identificó como agricultor profesional en la zona del Acuífero 23, solicitó la eliminación de las sanciones a los agricultores de este acuífero sobreexplotado hasta la aprobación del PEAG y valoró la propuesta del Gobierno de presupuestar más de 3.000 millones de euros para financiar el PEAG.
"Hay que desenmascarar a los fantasmas", apuntó Oñate, puesto que, a su juicio, la propuesta de ASAJA defiende "al gran especulador" que permitirá controlar la Comunidad de Regantes mediante la adquisición de derechos, ya que "el profesional de la agricultura no va a poder comprar agua".
Por su parte, el responsable de los servicios técnicos de COAG-IR, Rafael Juárez, defendió que los derechos agrarios sean concesionales, mediante el cumplimiento de unos requisitos establecidos por la Administración regional.
Destacó que los 3.800 millones de euros presupuestados para el PEAG; 800 millones se destinarán a la tubería de la Llanura Manchega, 2.000 millones para programas de reordenación y reconversión agraria, 600 millones a adquisición derechos y terrenos y 400 millones para instalar caudalímetros y control de extracciones.
También, Juárez defendió que la distribución de los 200 hectómetros cúbicos de agua contemplados en el PEAG se haga "de forma equilibrada"; un proceso de reordenación de los derechos; la paralización de las sanciones a los agricultores del acuífero 23 y la solicitud de nuevos trasvases de agua para regadío para los regantes desde la cabecera del Tajo.
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