Comisión de la OPE de Diputación Albacete concluye "cadena de favores" a favor de PP

ALBACETE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión creada en la Diputación de Albacete para estudiar los procesos selectivos de personal de la Oferta Pública de Empleo convocados durante el 2009, ha presentado sus conclusiones en una sesión plenaria extraordinaria, y una de las principales ideas que se derivan es que hubo "una cadena de favores" por parte del PP --que gobernaba ese año-- y el sindicato CSIF para "beneficiar a amigos y conocidos", según ha expuesto el presidente de la Comisión y vicepresidente de la Diputación, Agustín Moreno. Habría hasta "cuarenta afinidades familiares" entre opositores, miembros de los tribunales y trabajadores de la Diputación.

Ha sido año y medio de investigación, en las que los ocho miembros de la Comisión han estudiado "minuciosamente" en más de mil horas de trabajo, repartidas en 36 reuniones, 32 procesos selectivos, de los cuales dos fueron suspendidos por orden judicial y tres quedaron desiertos. Se ha contado con el testimonio de 14 testigos entre miembros de tribunales y opositores, además de contar con amplio material de los servicios técnicos de la institución y varios informes del departamento de Estadística de la UCLM.

Asimismo, se han aprobado por unanimidad 33 recomendaciones finales para mejorar el sistema de selección de personal en futuros procesos selectivos y 53 conclusiones repartidas en seis apartados, sin unanimidad.

Fruto de las pesquisas, se han puesto en conocimiento de la Fiscalía dos hechos por si su hubiera cometido algún ilícito penal, uno de ellos relativo a unas presuntas amenazas entre aspirantes y opositores seleccionados, y otro donde se observó que la plantilla correctora y el examen tipo test del opositor que aprobó podrían estar confeccionadas por la misma persona. En este último supuesto, el pasado mes de julio, la Fiscalía de Albacete concluyó que no quedaba acreditada dicha manipulación y se archivaron las actuaciones.

De los 33 procesos estudiados, según el informe de la Comisión de Investigación, se han encontrado posibles irregularidades en 12 de ellos, ya que en todos ellos se apreciaría --según las consideraciones finales-- en "todo el proceso investigado, un cúmulo de actuaciones extraordinarias, injustificadas, extrañas, irregulares y llamativas de tal magnitud que difícilmente se puede hablar de coincidencias o hechos aislados", ha señalado Agustín Moreno.

"Por lo que nos conduce a la sospecha de trato de favor de algunos aspirantes frente al resto de opositores en algunos procesos", ha indicado, para agregar que en los principios de "igualdad, mérito y capacidad" como fundamentos de los procesos de oposición, "se han visto seriamente comprometidos" por una "presunta cadena de favores", basada en "relaciones políticas, sindicales, personales o laborales" del Partido Popular y el sindicato CSIF.

Por todo esto, se ha acordado --con los votos en contra del Partido Popular-- elevar al pleno de la Diputación una petición para adoptar varios acuerdos con el objetivo de que no se vuelvan a repetir estos hechos, como son facilitar el acceso a toda la información que se ha investigado a cualquier parte interesada, dentro de los cauces legales. Además, la Diputación provincial se personará a partir de ahora como acusación particular en cualquier proceso penal que se abra o reabra, como consecuencia de posibles irregularidades.

CONCLUSIONES COMISIÓN INVESTIGACIÓN

Algunas de las principales conclusiones que han destacado los diferentes portavoces de los grupos políticos durante su turno de intervención, a excepción del PP, es que, en la mayoría de procesos selectivos convocados en 2009, las bases de todas ellas se modificaron "sin justificación", con ejemplos en las plazas de oficial del Sepei, de monitor deportivo o mecánico-conductor de maquinaria. Además, en uno de los casos se elaboraron dichas bases con la participación de un jefe de servicio que después optó a la plaza y la aprobó.

El informe también señala que en "muchos procesos" relacionados sobre todo con plazas de bomberos del Sepei, se modificaron los baremos de puntuación en las pruebas físicas; se exigieron titulaciones enfocados, supuestamente, a favorecer perfiles de determinantes aspirantes que también aprobaron las plazas, y se propusieron temarios inadecuados a las pruebas teóricas.

Respecto a la designación y nombramiento de los tribunales, que correspondía en general al entonces equipo de Gobierno, las conclusiones señalan que no se respetaron las características que indica la normativa de acceso al empleo público, nombrándolo de manera "discrecional". Lo que ha llevado a cuestionarlos en varios de los procesos selectivos, sobre todo por una falta de "especialización e idoneidad técnica" acorde a la plaza o plazas a cubrir, lo que ha producido una falta de "neutralidad".

Además, se señalan también exámenes inidóneos, ya que en algunos casos se llegaron a impugnar hasta el 50 por ciento de las preguntas tipo test; falta de "anonimato" al realizar la lectura de los casos prácticos por parte de los propios aspirantes, e "indicios de filtraciones" del contenido de las pruebas, llegándose a señalar posibles "amaños".

CRUCE DE ACUSACIONES

Ante las acusaciones dirigidas al PP, su portavoz en la Diputación, Constantino Berruga, ha pedido al pleno que no "olviden" las 27 sentencias judiciales favorables de todo el proceso de las oposiciones de 2009 y que "ningún portavoz ha señalado".

"Es muy trascendental poder evaluar que esas 27 sentencias avalan el desarrollo de la oferta pública del 2009 porque la inmensa mayoría de las acusaciones realizadas están ya juzgadas y con sentencia firme por parte de diferentes tribunales", a favor de la "limpieza" y "ninguna en contra", ha señalado Berruga.

Por lo que es "extraño" y "curioso", ha dicho, que se le dé "pábulo a comentarios de aspirantes que han asistido a la Comisión y, sin embargo, a 27 sentencias judiciales firmes, no se les dé ningún tipo de importancia".

Tras este alegato, más de una treintena de trabajadores de la Diputación, presentes durante el pleno, han aplaudido su intervención, mientras portaban camisetas y pancartas en las que se podía leer '32 sentencias no valen para nada' y 'lo que la justicia dice, la Diputación se desdice'.

El portavoz 'popular' también ha querido dejar claro que apoyaron la creación de la Comisión como "seña de transparencia" y porque creen que los procesos selectivos actuales se han quedado "obsoletos", pero ha recordado que las conclusiones de la investigación no han podido arrojar "pruebas concluyentes" de supuestos amaños o tratos de favor hacia determinados aspirantes.

Por su parte, el portavoz socialista y vicepresidente de la Diputación, Agustín Moreno, ha recordado al PP que han votado a favor de 19 de las 33 recomendaciones de la Comisión. También ha señalado que ha sido "el único destinatario de sospecha de trato de favor, y de la fundada certeza del manejo intencionado de los códigos de los puestos ofertados a los aspirantes seleccionados", que acabó con el despido de varios trabajadores interinos para ser sustituidos después por personal procedente de las bolsas de trabajo resultantes de cada proceso selectivo, "cerrando de esta forma un círculo que ni el mismo Maquiavelo hubiera diseñado mejor".

Un caso, que en su día acabó también en los tribunales que les dieron la razón a dos trabajadores despedidos que fueron readmitidos y que "lamentablemente no ha podido hacerse extensivo al resto de trabajadores afectados como ha sido el sentir del grupo socialista al que represento", ha señalado Moreno.

Por su parte, desde el grupo de Ciudadanos y Ganemos-Albacete-Izquierda Unida han mostrado su malestar por supuestas "filtraciones" del trabajo que se ha realizado por la Comisión de Investigación, a pesar de que se "pidió discreción y confidencialidad", como han señalado sus portavoces, Francis Rubio y Victoria Delicado, respectivamente.