Defensa del exviceconsejero de Medio Ambiente pide su absolución en el juicio de Chiloeches

GUADALAJARA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Defensa del exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, así como del exdirector general de Medio Ambiente, Carlos José Blázquez, y del que fuera jefe de Servicio de este mismo área, José María Michelena, en el juicio por el incendio registrado en 2016 en una planta de reciclaje de Chiloeches, ha pedido para los tres defendidos la absolución, al entender que no tenían competencias en el "seguimiento y vigilancia" de los residuos peligrosos y que detrás de estas acusaciones reina "la ceremonia de la confusión y la imprecisión".

En su alegato, el letrado de estos acusados, Esteban Mestre, ha sido especialmente duro hacía las argumentaciones del Ministerio Fiscal y la confusión creada, apuntando la necesidad de "poner orden y claridad" en un panorama cargado de "ruido", que, a su juicio, "puede distorsionar la recta comprensión de los hechos y su valoración".

Así, la Defensa de estos excargos del Gobierno regional ha entendiendo que los títulos de imputación y los argumentos de sustento por parte del Ministerio Fiscal "se han amontonado sin coherencia y con contradicciones internas" y ha apoyado gran parte de su argumentación en la propia declaración de algunos de los testigos que han pasado a lo largo de estos días por la sala.

En el caso de González Egido, está acusado por la Fiscalía de prevaricación administrativa medioambiental, pidiéndose para él una pena de 13 años de inhabiltación especial para cargo público, tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y 22 meses de multa a razón de 20 euros al día.

A Blázquez y Michelena también se les acusa de los delitos de prevaricación administrativa medioambiental. Así, para el primero se piden 12 años de inhabilitación en cargo público, tres años de prisión y 28 meses de multa a 20 euros diarios; y para Michelena, 13 años de inhabilitación, dos de prisión y 22 meses de multa a 20 euros diarios.

La petición de pena para el exviceconsejero --que dimitió tras ser imputado-- está motivada en el hecho de haber concedido, por resolución, el 28 de octubre de 2015, la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada; a Blázquez se le imputa por dictar resolución el 17 de diciembre de 2009, en la que se consideraba sustancial la modificación proyectada en la planta de Kuk, y a Michelena se le acusa de dar continuidad a la tramitación del expediente administrativo de modificación sustancial de dicha autorización.

Para su letrado, se trata de tres actuaciones diferentes de un calado distinto que "se ha unido en el mismo saco" de prevaricación medioambiental, convencido de que los hechos atribuidos a cada uno de sus defendidos se han relatado de "manera errónea o incompleta".

Así, Mestre ha entendido que en todas estas acusaciones no se distinguen las competencias que en concreto tenían las personas acusadas de las que en términos genéricos tenían el área de Servicio, la Dirección General o la Viceconsejería.

Mestre ha hablado de cómo, en esta vista, se han lanzado "mensajes subliminales" con "inadmisibles conclusiones de culpabilidad", sometiendo a algunos de los acusados a una "crucifixión social" que no entiende.

También ha mostrado su contrariedad por el hecho de que en este juicio se haya sacado a relucir las vinculaciones del viceconsejero con un cuñado que está trabajando en el Grupo Layna, entendiendo que en esta vista no se juzga ni trato de favor ni corrupción ni cohecho. Por ello, se ha preguntado si se trata de "ir preparando el terreno" para una acusación carente de fundamento en el caso concreto de Egido, ha precisado.

Así, en algún momento de su intervención, el letrado ha llegado a cuestionar el hecho de que esto se esté dirimiendo en un solo juicio y no en dos, entendiendo que se trata de actuaciones con contenidos diferenciados y de fechas diferentes, lo que bajo su criterio puede estar generando también "confusión", aludiendo también a que apenas se esté hablando en esta vista sobre el propio juicio de Chiloeches.

En su exposición, el letrado cree que la legislación es clara y que también muchos de los testigos en esta vista han manifestado, a preguntas de las partes, que sus defendidos no tenían competencias ni de inspección ni de sanción, con lo cual "es ontológicamente imposible que se les pueda imputar la omisión de un comportamiento que no estaba entre sus funciones".

"No ha habido ni un solo testigo que haya manifestado que mis defendidos hubieran obviado sus competencias ni que hubieran actuado maliciosamente", ha ratificado.

En el caso concreto de Egido ha insistido en que en ningún momento adoptó ninguna decisión definitiva respecto a la concesión de autorización o licencia, y "nada de eso es resolución de un expediente administrativo, insistiendo en como las propias declaraciones de los testigos habían dejado claro que ni directores generales ni viceconsejeros intervenían en la tramitación ordinaria de los expedientes.

Mestre ha insistido en que, según los testigos, cuando sus defendidos llegan al cargo, nadie les alerta del carácter supuestamente ilícito de la resolución adoptada en torno a la planta incendiada en Chiloeches y si estuvieran todos equivocados tampoco habría dolo directo.

"Lo que procede es una sentencia absolutoria con todos los procedimientos favorables", ha concluido el letrado que se encarga de la Defensa de estos tres exaltos cargos del Gobierno regional, insistiendo en las "múltiples defectos técnicos y fácticos" observados.

Una jornada en la que también ha participado el actor civil de Altamira Santander, empresa encargada de la gestión del terreno afectado por el incendio, reclamando el coste que ha supuesto la retirada de los residuos tóxicos y no tóxicos del terreno y el letrado encargado de la defensa del que fuera director general de Calidad Ambiental entre 2005 y 2007, Miguel Chillarón.

Este miércoles seguirán las exposiciones de las distintas defensas de los 21 acusados en este macrojuicio --18 de ellos personas físicas y siete cargos o excargos políticos--, una vista que concluirá, con toda probabilidad el próximo viernes.