Los delitos de corrupción en C-LM aumentan un 18% en 2015

C-LM registra el mayor número de asuntos pendientes en juzgados y tribunales con un tiempo medio de 3,5 meses en tramitarlos

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha asegurado que los delitos contra la hacienda pública, en concreto, los relacionados con la corrupción han aumentado un 18% en el año 2015, lo que ha considerado un "repunte significativo".

Así lo ha destacado Martínez en rueda de prensa antes de dar cuenta en las Cortes de la Memoria Anual de la Fiscalía en la región, donde ha reiterado que en general han disminuido las cifras de criminalidad, un descenso que se ha trasladado a todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Por contra, ha manifestado que aumentan los delitos contra la libertad sexual en menores de 16 años, así como que hay un repunte importante en delitos de revelación de secretos.

En concreto, se ha pasado de 16 causas penales contra la libertad sexual en menores de 16 años en 2014 a 52 en el 2015, un incremento de 225%, según ha precisado el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, que ha explicado que el tramo para estos delitos se situaba hasta el año pasado en los 13 años.

Asimismo, ha señalado que los delitos de maltrato de animales domésticos van creciendo y ha mencionado el descenso en los delitos contra el patrimonio en un 4%.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y CUSTODIA COMPARTIDA

En su turno de réplica a los grupos parlamentarios, Martínez ha hecho alusión a los delitos de violencia de género, una realidad muy "compleja", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que es posible "no haya repunte en estos delitos sino una mayor conciencia a la hora de denunciar".

Respecto al juzgado de violencia de género que funciona en Albacete, ha expresado que lo podría hacer "mejor", asegurando que la Fiscalía trabaja en "potenciar la presencia de un delegado autonómico que coordine a los delegados provinciales en violencia de género".

Del mismo modo se ha referido al estado de la custodia compartida en la región, incidiendo en que "antes de terminar el año" quiere establecer cauces para dar "una vuelta" sobre este tema, ya que "no es uno de los modelos favoritos de los fiscales", pues "plantea problemas de futuro".

También ha mostrado su preocupación por los delitos contra el medioambiente, haciendo especial hincapié en los incendios forestales, como el juicio que se celebra estos días por el de Poyatos; así como los delitos relacionados con las nuevas tecnologías que en su mayoría se cometen sobre un soporte electrónico o a través de este.

C-LM EN CIFRAS JUDICIALES

Según las cifras que ha aportado el fiscal superior, Castilla-La Mancha tiene la tasa más alta de pendencia a nivel nacional igualando a la provincia de Murcia, siendo la comunidad autónoma con el mayor número de asuntos pendientes en los juzgados y tribunales en términos relativos, con un tiempo medio de 3,5 meses en la tramitación de estos asuntos.

Se contabilizan en la región unas 133.000 diligencias previas, siendo Toledo la provincia que registra un 40% de la criminalidad de la Comunidad; así como un total de 70 procedimientos ordinarios relacionados con delitos graves --homicidios, delitos contra libertad sexual, tráfico de drogas-- con especial incidencia en la provincia de Ciudad Real.

Se han celebrado 18 juicios con jurado popular, el mismo numero que en 2014; se han registrado 9.920 escritos de calificación, de los cuales 6.759 se han materializado en juicios penales y el resto se han resuelto mediante trámite de conformidad. De este número total de juicios penales, se han dictado 4.819 sentencias condenatorias y 1.854 sentencias absolutorias.

Asimismo, el fiscal ha mencionado la necesidad de una sección territorial en Illescas, pues es un territorio que tiene asuntos con mayor carga judicial que los juzgados de Toledo.

De parte de los grupos parlamentarios han intervenido la diputada socialista Ana Isabel Abengózar y la diputada del PP Claudia Alonso. Ambas han demandado al fiscal información sobre los delitos de violencia de género, delitos relacionados con las nuevas tecnologías, delitos medioambientales o información sobre el estado de la custodia compartida en Castilla-La Mancha, entre otros.