El Gobierno de C-LM se muestra convencido de que está legitimado para recurrir la Ley de Amnistía

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla, y el delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, José Luis Escudero
La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla, y el delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, José Luis Escudero - EUROPA PRESS
Publicado: lunes, 16 septiembre 2024 12:18

GUADALAJARA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha apuntado desde Guadalajara el convencimiento del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas, y en concreto la de Castilla-La Mancha, está legitimada para recurrir la Ley de Amnistía porque tanto el gabinete jurídico de la Junta como el informe que presentó el Consejo Consultivo de la región, por unanimidad, "han sido muy contundentes" en esa afirmación.

"Y por lo que se ve, no solo Castilla-La Mancha sino también el resto de las comunidades autónomas", ha remarcado a preguntas de los medios la consejera portavoz, quien ha indicado que, no obstante, esperarán a la decisión del Tribunal Constitucional en el estudio que encargará para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.

En todo caso, según Padilla, esto entra dentro de la normalidad del funcionamiento del TC a la hora de estudiar recursos de inconstitucionalidad.

Así, ha abundado en que dicho informe indica que las comunidades autónomas están legitimadas porque uno de los principios de los derechos que se vulnera es el de igualdad ante la ley de los ciudadanos de este país y, por supuesto, también los de Castilla-La Mancha.

"En esta parte no se trata de hablar de cuestiones económicas, pero si a una persona de Guadalajara por cometer un delito la tratan de manera diferente a como se trata a una persona de Cataluña en un momento concreto, consideramos que es una vulneración del principio de igualdad porque no a todos los ciudadanos se les trata igual independientemente de donde vivan y en qué momento hayan cometido el delito", concluye.

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