TOLEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que reponer en sus puestos de trabajo al personal interino cuyas plazas fueron amortizadas en agosto de 2012 desde el próximo lunes 22 de diciembre, teniendo un plazo máximo de cinco días hábiles para llevarlo a efecto.
Así se desprende de la Resolución con fecha 18 de diciembre de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, facilitada por el sindicato STAS-Intersindical, en la que se dictan instrucciones para la ejecución de la sentencia del 27 de enero en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) declaraba nula la orden que amortizaba estas plazas.
En esta resolución, recogida por Europa Press, se indica que "en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el próximo 22 de diciembre, los órganos competentes de las Consejerías y organismos públicos deberán proceder a reponer al personal funcionario afectado por la sentencia en el puesto de trabajo que se corresponda con el que viniera ocupando hasta el 21 de agosto de 2012".
Para ello, la Dirección de Función Pública señala que "cada jefatura de personal deberá emitir resolución en la que se deje sin efecto el cese del personal funcionario interino producido como consecuencia de la supresión del puesto de trabajo que viniera ocupando y reconocer a cada persona afectada los derechos profesionales y económicos correspondientes en cada caso con efectos desde el 22 de agosto de 2012".
Asimismo, cada jefatura de personal "deberá ordenar la incorporación del personal que manifieste expresamente su voluntad de ser reincorporado, en el puesto de trabajo correspondiente, en plazo máximo de tres días hábiles a contar del día siguiente de la notificación de la citada resolución".
Por ello, como paso previo necesario para la efectiva reposición del personal funcionario interino por dicha resolución judicial, han sido incorporados en las Relaciones de Puestos de Trabajo, mediante una anotación en el Registro de Personal, con fecha 2 de diciembre de 2014, los puestos de trabajo que se corresponden con los que fueron objeto de supresión en las órdenes anuladas.