C-LM recibe del Estado más de 456.000 euros para la lucha contra las drogas

MADRID/TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la transferencia a las comunidades autónomas de un total de 9.519.400 euros para el desarrollo de programas de lucha contra las drogas derivados del Plan Nacional sobre Drogas durante este año 2017, a propuesta de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de los que Castilla-La Mancha recibirá 456.665 euros.

La transferencia ha sido anunciada por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El objetivo es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etcétera), el desarrollo de programas de prevención, el desarrollo de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.

De este modo, permitirá a las comunidades y ciudades autónomas desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.

La comunidad que recibirá más fondos será Andalucía, con 1.502.938 euros, seguida de Madrid (1.454.773), Cataluña (1.419.792), Comunidad Valenciana (828.476), Castilla y León (711.058), Galicia (578.565), Castilla-La Mancha (456.665), Canarias (452.187), Aragón (371.182), Asturias (367.086), Murcia (329.190), Extremadura (325.355), Baleares (260.231), Cantabria (208.436), La Rioja (125.111), Ceuta (68.029) y Melilla (60.317). Navarra y el País Vasco no reciben ningún crédito por su régimen foral.

El destino de estos créditos y su aplicación, según recuerda el Gobierno, es independiente de las obligaciones de las comunidades de proveer la asistencia normalizada a la población drogodependiente, reconocida como prestación del sistema público en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud.