Hernando augura unanimidad para la ley antiokupación del PSOE

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha augurado que la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas recibirá el respaldo unánime de todos los grupos con representación parlamentaria, más allá de que el Partido Popular haya presentado de forma paralela una iniciativa similar.

En una entrevista con Europa Press, Hernando ha hecho referencia a la propuesta alternativa de los 'populares', grupo que además ha presentado 67 enmiendas parciales a la iniciativa socialista sobre el mismo tema. Así, ha considerado que la intención del partido presidido por Paco Núñez no es otra que la de "presentar" la ley "por detrás" para así "poder decir que la ha presentado", ya que resta credibilidad a su estrategia toda vez que ni siquiera se la adelantaron a él mismo como consejero de Fomento.

Mientras que la propuesta de ley socialista recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno para arrancar su andadura parlamentaria, la proposición del PP, presentada en la misma semana, sigue esperando la no oposición del Ejecutivo, si bien ya queda bloqueada hasta al menos el próximo periodo de sesiones y siempre y cuando no saliera adelante la ley del PSOE, por lo que virtualmente se trata de un texto ya caducado. "La ley del PP ya no se puede tramitar".

Ahora, ha dicho, toca ver si el Partido Popular mantiene un "planteamiento poco sincero de diálogo" como el que, a su juicio, ha demostrado hasta ahora sobre este tema.

Aún así, ha reconocido que hay algunas propuestas del PP en la materia que "pueden ser útiles y se pueden aceptar", por lo que tanto el Gobierno como el PSOE leerán sus enmiendas, del mismo modo que lo harán si Ciudadanos decide hacer aportaciones.

Con todo, asegura tener la intuición de que la ley recabará la unanimidad de los tres grupos parlamentarios, si bien la luz verde de la Cámara regional será sólo el punto de partida para un nuevo periplo, esta vez a nivel estatal y en el Congreso de los Diputados si el Consejo de Ministros da el visto bueno, ya que se trata de una legislación que afecta a varias normativas de régimen estatal.

Cuando salga el texto del Convento de San Gil, la forma "más leal" de avanzar en su tramitación definitiva es plantearla al Gobierno de Pedro Sánchez, con el que hay "un buen diálogo al respecto".

Incluso, ha desvelado, ya ha habido algún contacto para abrir camino, y en ese primer acercamiento "no ha recibido un no". "Podría parecer una ley que iba a recibir un 'no' en esa primera ronda, pero no ha sido así", ha zanjado.

MÁS LEYES DE SU CARTERA

Hernando también ha hecho alusión a la Ley SUMA, en plena tramitación, como otro de los textos legislativos impulsados por su departamento, una norma que, tal y como ha vaticinado, también saldrá adelante por unanimidad, ya que para los grupos de la oposición "sería muy difícil explicar hasta qué punto va a ser trascendental".

Se trata de una ley que "viene a resolver cuellos de botella que en 15 años han dificultado la instalación de empresas en muchos municipios", extremo que ahora esta norma viene a resolver.

"Es la mayor baza y oportunidad que tendrán los pequeños municipios en todo lo que llevamos de siglo XXI, y es algo que están diciendo todos los sectores económicos y los pequeños ayuntamientos", ha aseverado, añadiendo además que la ley servirá de base para abordar la próxima reforma de la LOTAU "con tranquilidad".

Al respecto de la Ley del Paisaje, ha recordado que se encuentra en trámite de consulta pública, y vendrá a dotar a las entidades locales de "herramientas que les permitan, a través de procesos de participación, definirse a sí mismos y cómo quieren ser desde el punto de vista paisajístico".

Por último, preguntado por la Ley de Vivienda surgida en la pasada legislatura a instancias de Podemos, ha dado carpetazo al texto, asegurando que recogía extremos que "no eran aceptables". Además, ha dicho en este punto que hay que esperar a una ley de ámbito nacional antes de entrar en más detalle desde la Administración autonómica.