TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La concejal de Ganemos y coordinadora de IU en Talavera de la Reina, Sonsoles Arnao, ha asegurado que el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, y el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Jesús Labrador --que antecedió en el cargo a Gregorio-- deben de dar explicaciones por "la estrategia política del PP que llevaron a cabo en la región con intención de reprimir las movilizaciones masivas ante los brutales recortes que Cospedal estaba imponiendo en Castilla-La Mancha".
Arnao ha realizado esta manifestaciones ante los juzgados de Toledo donde este jueves se ve el recurso contencioso administrativo que interpuso contra la sanción que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha le interpuso en 2014 por realizar una recogida de firmas "exigiendo pan techo y trabajo" sin haberla comunicado a Delegación de Gobierno.
"Fue una recogida de firmas ante una oficina de empleo que por su puesto comunicamos a la autoridad competente, al Ayuntamiento de Talavera, que es quien tiene que organizar la ocupación de la vía publica", ha defendido la responsable de IU en Talavera, que este jueves ha estado arropada por muchos compañeros, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramón Crespo.
Y es que, según ha denunciado, los hechos por los que fueron sancionados se enmarcan "en una estrategia política del PP que se llevo a cabo con mayor virulencia en Castilla-La Mancha por las manifestaciones contra los recortes y el desmantelamiento del estado de bienestar", en virtud de la cual, "decenas de ciudadanos fueron multados. El máximo exponente fueron los 'Cinco del Buero' que serán juzgados la próxima semana", ha defendido.
Dicho esto, ha valorado que los juzgados estén atendiendo las demandas de las personas que fueron "injustamente" multadas y les estén "dando la razón", motivo por el que ha reclamado explicaciones tanto a Jesús Labrador, que por aquel entonces era el delegado del Gobierno en la región, como a Gregorio, que era el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, que "fueron los máximos responsables políticos de esa estrategia de criminalización de la protesta social".
Luego de insistir que en ningún momento con estos actos de protesta vulneraron la legislación en materia de regulación del derecho de reunión como aducía la Delegación del Gobierno, se ha mostrado confiada en que este proceso "salga bien" como ha ocurrido ya con otros casos iguales.
EXCESOS SANCIONADORES
De su lado, el coordinador regional de IU ha indicado que con la de este jueves es la séptima vez que concurren a los juzgados "ante los excesos sancionadores de la Delegación del Gobierno", valorando que en los seis casos anteriores la justicia les haya dado la razón.
"La Delegación del Gobierno tiene que garantizar, preservar y no intentar limitar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que no pone en peligro ni el mobiliario ni los derechos ciudadanos del resto de personas", ha dicho Crespo, que ha concluido afirmando que su formación seguirá defendiendo ante los tribunales las sanciones que se interpongan "para intentar coartar la libertad que es de todos los ciudadanos".