C-LM, entre las CCAA que publican en la plataforma de Contratación del Sector Público, según Transparencia Internacional

MADRID/TOLEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español solo cumple en la actualidad tres de los 26 compromisos que alcanzó en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres en 2016, según se desprende del informe provisional que ha presentado Transparencia Internacional España (TI-España), cuyos datos relativos a contratos en las instituciones públicas refleja que, a nivel autonómico, son solo 10 (60%) las comunidades que cumplen la obligación de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) y Castilla-La Mancha se sitúa entre ellas.

En concreto, las que cumplen son Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco, La Rioja y Valencia sí publican sus licitaciones; mientras que Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra continúan sin hacer lo propio.

TI-España ha publicado este martes un informe sobre la transparencia de los partidos políticos y otro sobre la transparencia de la contratación de las instituciones públicas, además del informe provisional sobre los compromisos anticorrupción del Gobierno, cuyo resultado definitivo se dará a conocer el próximo 20 de julio.

"La finalidad última es que el Gobierno español haya cumplido a finales de julio la mayoría de sus compromisos porque la corrupción es la segunda preocupación de los españoles", ha declarado el presidente de TI-España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Jesús Lizcano.

Lizcano, sin embargo, ha señalado que el organismo al que represente no pretende "suspender a nadie", sino que persigue "que mejoren los evaluados" en materia de transparencia.

Por su parte, el miembro del Comité de Dirección de TI-España Jesús Sánchez ha expresado que el problema de la transparencia es que "no existe voluntad política" para lograrla; mientras que el presidente del Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno, ha opinado que ser transparente debería ser "un principio primordial del buen gobierno".

Según el informe, de los 26 compromisos adquiridos en Londres por España, solo se cumplen tres en la actualidad, mientras que cinco están "en proceso" y 18 permanecen incumplidos e inactivos.

SOBRESALIENTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En contraste con los resultados obtenidos por el Gobierno, los partidos políticos casi han triplicado su nivel de transparencia en los últimos dos meses, según TI-España, alcanzando una media de 27,7 puntos de 30 posibles.

TI-España ha destacado además la progresión desde que les enviaron los 30 indicadores a los partidos políticos en el mes de marzo. Desde entonces se han ido realizando sucesivas evaluaciones intermedias para medir su evolución. La primera de estas evaluaciones, en abril, presentó una media de 9,5 puntos y las siguientes, de 14,5; 18,1; y 25,1 puntos; respectivamente.

A día de hoy, todos los partidos políticos superan el notable y obtienen una media de 27,7 puntos de 30 --por encima del sobresaliente--. Podemos, Ciudadanos y UPyD son los tres únicos partidos que han sumado todos los puntos posibles en esta evaluación; mientras que el PNV es el peor situado con un total de 21,5 puntos.

"Al final casi todos han publicado casi todos los datos que les pedíamos", ha subrayado el presidente de TI-España, quien ha explicado que con las evaluaciones intermedias se buscaba "empujar" a los partidos a ser más transparentes.

CONTRATACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Por último, TI-España ha mostrado los resultados del informe sobre las licitaciones y contratos firmados con las instituciones públicas y ha concluido que, aunque mejoran su transparencia, esta sigue siendo "insuficiente".

"Los contratos son uno de los focos fundamentales donde está la corrupción", ha dicho Lizcano, que ha apuntado que el nivel de cumplimiento en cuanto a transparencia el año pasado era "bajísimo".

En este sentido, Lizcano ha dividido las entidades analizadas en este informe en "cinco colectivos muy importantes": ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones provinciales y universidades públicas.

Según Gimeno, "en contratación pública se mueve cerca del 20 por ciento del PIB", pero las instituciones públicas no se toman "muy en serio el cumplimiento de una obligación legal". "Hay mucha información que no se publica, mucha opacidad y por tanto redes clientelares", ha añadido.

Además, el presidente del Observatorio de Contratación Pública ha criticado que de los contratos "que ya son transparentes" el 40 por ciento tiene "un único licitador". "No sé si esto es corrupción, pero es ineficiencia", ha sentenciado.

DATOS DE LOS COLECTIVOS

Según el informe de normativa legal sobre los contratos en las instituciones públicas, de los 110 ayuntamientos españoles estudiados, solo 56 corporaciones locales publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), tal y como establece la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.

A nivel autonómico, son solo 10 (60%) las comunidades que cumplen esta obligación. Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco, La Rioja y Valencia sí publican sus licitaciones; mientras que Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra continúan sin hacer lo propio.

Asimismo, Gimeno ha reprochado al Congreso y al Senado que, mientras legislan en favor de la transparencia, no den ejemplo; y es que ninguna de las dos sedes parlamentarias hace públicos sus contratos. Respecto a los parlamentos regionales, solo nueve (47%) cumplen con esta normativa.

La situación mejora según el informe en las diputaciones provinciales, donde el 71 por ciento de ellas publican sus contratos. De esta manera, ostentan el porcentaje más alto entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas por TI-España.

Para finalizar, el 70 por ciento de las universidades públicas hacen valer la Ley de Garantías de la unidad de mercado y publican sus contratos con las empresas licitadoras. Al respecto, Sánchez ha incidido en el hecho de el que aún el 30 por ciento no aplique la legislación se percibe "como una cosa normal".