TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha comparecido en comisión parlamentaria para dar cuenta de la gestión de su departamento ante la crisis sanitaria originada por el coronavirus, apuntando que desde que se declarara el estado de alarma el pasado mes de marzo se han llegado a contratar 2.265 personas para atender la pandemia, además de que se han impulsado 850 actuaciones inspeccionadoras para auditar el funcionamiento de estos centros.
En este sentido, ha avanzado que el próximo martes la consulta pública del Decreto que actualiza la inspección de centros y servicios dependientes de la Consejería de Bienestar Social. De esta forma, se traba en un modelo de Bienestar Social avanzado "que requiere la actualización de la normativa con el objetivo de agilizar los procedimientos".
En el caso de la inspección de centros, la finalidad es mejorar la calidad de la atención e insistir en la función asesora a la entidades, centros y servicios sociales, así como de las personas usuarias de los mismos, ha aseverado la consejera.
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