Confía en levantar la moratoria que prohíbe la instalación de macrogranjas de cerdos con más de 2.000 cabezas
TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que el documento de decreto de gestión de purines en la región abra su proceso de información pública a principios del mes de octubre, para que, iniciándose este proceso, se aporten alegaciones de quien tenga que decir "algo" al respecto.
Así lo ha manifestado a preguntas de los medios la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de reunirse con la nueva Junta directiva de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, recordando que este decreto es uno de los tres que harán posible que se levante la moratoria que prohíbe la instalación de macrogranjas de cerdos con más de 2.000 cabezas en toda la región.
Esta moratoria estará vigente hasta el 31 de diciembre, y la gestión de purines será uno de los decretos por el que se establecerán métodos que permitan eliminar esos purines "sin riesgo de ningún tipo".
Otro de los decretos a poner en marcha será el nuevo plan de biometanización para Castilla-La Mancha, un plan establecido para poder desarrollar este tipo de industria que ayuda a la eliminación de los purines, siendo "industrias seguras y que no provoquen ningún daño en los municipios".
Y la tercera medida será el nuevo mapa de zonas vulnerables de nitratos que van a limitar, también, dónde se pueden ubicar este tipo de explotaciones y dónde se pueden ubicar las plantas de biometano.
Se trata de tres iniciativas que la Consejería de Desarrollo Sostenible trabaja con el sector porcino y, "de forma directa con Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con representantes conservacionistas", para poner en marcha "los tres decretos que serán los que hagan posible que podamos levantar la moratoria".
PROYECTO DE 4.000 CABEZAS
Preguntada por la Asociación Bullaque Vivo, que alerta de las consecuencias que una macrogranja de 4.000 cerdos que se proyecta en el municipio de El Robledo (Ciudad Real) tendría en el río Bullaque, ha señalado que la evaluación ambiental de esta explotación se hizo antes de establecerse la moratoria en materia de macrogranjas.
"Quiere decir que desde el punto de vista ambiental para esta Consejería en estos momentos y con el proyecto encima de la mesa cumple todos los requisitos establecidos porque los cumplía cuando se hizo esa evaluación ambiental. Si una vez que se construyese esta explotación se detectasen informes negativos con respecto a la afección que pudiese provocar en cualquier aspecto, pues lógicamente nosotros actuaríamos y suspenderíamos la autorización", ha manifestado.
A juicio de Gómez, "ya es competencia municipal el poder hacerlo", porque tras entrar en vigor en abril una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, "si un municipio quiere un proyecto del tipo que sea, evidentemente tendrá que pronunciarse al respecto y, entonces, nosotros ejerceremos la evaluación ambiental para que, precisamente, siga todos los trámites".
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