C-LM "no descarta" acudir a los tribunales en caso de que haya "malas prácticas en el uso del trasvase"

TOLEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha "no descarta" la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de tener constancia de que se están dando "malas prácticas en el uso del trasvase del Tajo al Segura", con respecto "al mercadeo de los derechos de agua de los regantes".

Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando, preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el informe 'La trama del agua en la cuenca del Segura, 10 años después' que la organización Greenpeace presenta este jueves en Toledo y al que, según Hernando, el Ejecutivo no ha tenido acceso.

"Si se avanza que ha habido serias ilegalidades y malas prácticas con respecto al trasvase no vamos a estar de brazos cruzados, de la misma manera que hemos puesto recursos a cada uno de los trasvases ilegales que ha hecho el Gobierno de España", ha defendido Hernando.

Dicho esto, ha añadido que si dicho informe de Greenpeace aborda un posible "mercadeo de los derechos de agua de los regantes y que se esté especulando con el agua", lo que supone un "atropello y un agravio comparativo de manera flagrante para Castilla-La Mancha" y sus ciudadanos, se pondrá a disposición de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades para que puedan realizar interpretaciones que deriven en algún recurso.

Luego de insistir en que el Gobierno analizará el informe "cuando salga", ha asegurado que dicho estudio analiza la viabilidad y necesidad del trasvase cuando se habla de "autosuficiencia de la cuenca del Segura", algo que, a su entender, desde las regiones receptoras no se tendría que ver como una "amenaza", sino como solución, pues tienen recursos suficientes.

Dicho esto, ha valorado que uno de los testimonios recogidos en dicho informe, que incluye las voces de personas afectadas, sea el de un pequeño agricultor de la localidad murciana de Lorca, tildando de "avance" que esta situación "se denuncie al otro lado de la frontera autonómica de Castilla-La Mancha".

Por ello, el portavoz del Gobierno autonómico ha concluido defendiendo que "interesa tanto a Murcia, como a Levante y a Castilla-La Mancha proponer una solución para todos".