TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de trasladar una protesta formal ante el Gobierno nacional y ante la oficina de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que este martes el delegado gubernativo en la Comunidad Autónoma, José Julián Gregorio, "haya demostrado altos niveles de deslealtad institucional haciendo gala de unos desprecios e insultos hacia el Ejecutivo regional que son inaceptables e imposibles de tolerar y pasar por alto".
El Ejecutivo castellano-manchego se refiere a las palabras de Gregorio de este mismo martes, quien manifestaba ante los medios de comunicación en relación a las quejas de la Junta por un nuevo trasvase de agua al Levante que dichas críticas son "un poco de vergüenza y de caraduras", tras lo que ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a "callarse y a agradecer al Gobierno de Mariano Rajoy que en los embalses de cabecera haya 400 hectómetros cúbicos de agua".
Desde el Gobierno regional se considera que la discrepancia política "no puede llevar a alguien que está representando al Gobierno de España a llamar 'caraduras' a los miembros del Ejecutivo de Castilla-La Mancha porque se tengan opiniones distintas sobre los trasvases". "Y menos aún, que se mande callar, nada y nada menos, que al presidente de Castilla-La Mancha", añaden fuentes del Gobierno autonómico.
A juicio de esas mismas fuentes de la Administración autonómica, "el señor Gregorio no ha terminado de asimilar que su papel es el de representar los intereses de todos los españoles en Castilla-La Mancha, no el de estar a las órdenes del argumentario del día del PP para ser el primero en salir a insultar y descalificar a García-Page".
Por último, desde la Junta añaden que se puede constatar que, "mientras desde el PP o las instituciones gobernadas por el PP, se insulta a los ajenos y presuntamente se amenaza a los propios, desde el Ejecutivo de García-Page se defienden los intereses de la región recurriendo el último trasvase".