Marea Blanca presenta un documento con propuestas para "desprivatizar la sanidad" de C-LM

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha (MEDSAP)-Marea Blanca ha registrado en las Cortes regionales un documento que va a presentar a representantes los tres grupos parlamentarios --PP, PSOE y Podemos-- con una seria de propuestas para "desprivatizar los servicios sanitarios y los parasanitarios".

Así lo han explicado las integrantes de Marea Blanca Rosario Alises y Helena Galán, que han recordado que este mismo documento fue presentado en el Congreso de los Diputados y que "todos los grupos se comprometieron a estudiarlo".

"Tiene que ver con propuestas de derogación de leyes a nivel nacional e incluso europeo, oponernos al ZETA y al TTIP, y también con la derogación o renovación de leyes que se pueden gestionar a través de Castilla-La Mancha", ha señalado Alises, que ha asegurado que en esta región "no se está revertiendo" la privatización de la sanidad que, a su juicio, se produjo durante el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal.

"A nivel regional se están licitando contratos y adjudicando para que la sanidad esté gestionada por servicios privados. Hay clínicas privadas, transporte sanitario privado, laboratorios privados o el centro de llamadas es privado, aquí hay privatización de la sanidad", han reiterado ambas integrantes de Marea Blanca.

También, han incidido en que en este documento se incluyen medidas que permitan "mejorar las condiciones laborales, de que haya menos interinidad y precariedad en el empleo o que haya más sustituciones en todos los servicios".

UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

Por ello, abogan con este documento a "la transparencia en la gestión, por una auditoría pública de la deuda, por un modelo de gestión que no tenga nada que ver con las Unidades de Gestión Clínica, que también se están intentando imponer desde otras comunidades autónomas".

En este sentido, Alises ha apuntado que estas unidades, con su implantación, por ejemplo, en Andalucía, "han perjudicado la sanidad pública porque se ha cambiado el criterio de asistencia al paciente de mejor calidad de servicio por criterios economicistas y mercantilistas".