TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El movimiento asociativo de la discapacidad de Castilla-La Mancha ha mostrado su "inquietud" ante los efectos que medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional podría tener en la sostenibilidad de las asociaciones en el año 2019, pues afirman no tener aún la seguridad de recibir la financiación necesaria por parte del Gobierno regional para seguir ofreciendo los servicios que prestan. Alegan que las subvenciones de la Consejería de Bienestar Social son "insuficientes".
En un comunicado, remitido por Plena Inclusión Castilla-La Mancha, han mostrado "inquietud ante la grave situación económica y social, que puede producirse en la concesión de las distintas subvenciones, que las asociaciones que lo integran han de recibir para el mantenimiento de los diversos recursos, servicios y programas que gestionan, para el ya inmediato año 2019".
Y es que alegan que a pesar de las distintas reuniones mantenidas en este tiempo, aún no tienen la seguridad de recibir la financiación necesaria para seguir ofreciendo a las personas con discapacidad y a sus familias "la calidad que les corresponde, y vienen ofreciendo en los últimos años".
Según han explicado, esta temida situación, estaría causada fundamentalmente por la entrada en vigor del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y porque las ordenes de convocatoria de la Consejería de Bienestar Social ya publicadas "son insuficientes para cubrir los gastos de mantenimiento, incluidos los salarios que se han de aplicar con efecto 1 de Enero del 2019".
"Si las referidas subvenciones son insuficientes, muchas asociaciones se verán abocadas, al recorte de plantillas, a gestionar eres parciales o incluso al posible cierre del algunos recursos. Cualquiera de estas soluciones suponen un salto atrás muy considerable en la calidad que estábamos consiguiendo en la atención a las Personas con discapacidad", han advertido.
"Esperamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que sabe que todas las plazas que gestionan las asociaciones son de carácter público y lo hacen de forma subsidiaria de la Administración y que nos viene demostrando una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad, no dé lugar a alguna de las situaciones mencionadas, que además crearían unas tensiones innecesarias entre los profesionales y entre las familias al ver a sus hijos o familiares peor atendidos. Sería, en definitiva, una ruptura de la paz social, de la que ahora disfruta este movimiento asociativo, tras unos años tan difíciles de crisis económica", han defendido.