TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro grupos políticos de la Diputación de Toledo --PP, PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos-- han acordado exigir al Grupo Sada el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 158 trabajadores de la empresa, de entre ellas "100 mujeres de entre 45 y 55 años" y de un total de 200, que van a ser despedidos tras el desmantelamiento parcial planteado por la compañía en el municipio toledano y que ya provocó el despido de 120 trabajadores.
Así lo han acordado los grupos políticos durante el pleno ordinario que han celebrado este viernes en la institución provincial, donde han reafirmado esta moción conjunta por que la van a instar también al conjunto de las administraciones con competencia en empleo para garantizar estos puestos de trabajo y dar viabilidad a esta situación en una empresa dedicada a la explotación avícola.
Una postura que ha agradecido la presidente del Comité de Empresa del Grupo Sada en Lominchar, Mercedes Pons Perales, quien ha valorado la defensa realizada la mañana de este viernes en la propia Diputación por varios diputados provinciales y otros cargos políticos, con quienes se ha reunido para que "puedan ayudar a los trabajadores dentro de sus posibilidades".
Pons ha recordado en declaraciones a los medios que el grupo Sada "ha estado dando de comer a casi 600 personas, familias, en la comarca de la Sagra desde 1968" y que ahora la empresa va a dejar la plantilla en "30 personas que trabajarán en el turno de tarde y 45 de cooperativa", mientras que en otras plantas de España, donde cuenta con un total de ocho, van a realizar una inversión de "18 millones de euros".
"NOS TOMAN EL PELO"
"Llevamos cuatro reuniones de negociación en las que nos toman el pelo. Seguimos estancados en que cuando te ofrecen una cosa intentan quitarte otra. Quieren quitarnos todos los derechos que tenemos, que estemos disponibles las 24 horas del día, que podamos trabajar sábados, domingos y festivos que, por ejemplo, en vez de abonarnos eso como festivo, nos devuelven la hora que trabajemos un domingo cuando a ellos les venga bien", ha manifestado la presidente del Comité de Empresa.
Asimismo, Pons ha criticado el procedimiento de negociación que está usando la empresa, pues "va muy apretado". "Ellos vienen con todo hecho, pero cuando llegaron los negociadores dieron una cantidad de documentación, unos 3.000 folios, a los trabajadores que es imposible de ller en una semana para poder negociar", ha recriminado.
Cuestionada sobre las razones que ha dado la empresa para aplicar este desmantelamiento, Pons ha indicado que el objeto de este es que "no tienen matadero" en esta planta, la cual ha sostenido que es "viable".
"LAS REFORMAS LABORALES PERMITEN ESTO"
Por su parte, el diputado provincial de Ganemos-IU, Jorge Vega, ha hecho hincapié en que aplicar este ERE en una empresa que es rentable es posible por "las reformas laborales de 2010 y 2012". "No queremos negociar despidos, lo que queremos es que no los haya", ha aseverado Vega.
"Una cosa es que una empresa tenga que tomar medidas o adoptar decisiones de cierre o de despido porque no tenga pedido ni trabajo, pero cuando una empresa funciona bien y genera dinero, no es justo que despida y cierre centros de producción", ha agregado por su parte el vicepresidente de la Diputación, Santiago García Aranda.