Unanimidad de PSOE, PP y Vox para pedir al Gobierno que abogados mutualistas tengan una pasarela al RETA

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSOE, PP y Vox han mostrado consenso y sensibilidad a la reivindicación del colectivo de abogados y procuradores mutualistas en el sistema alternativo al RETA, que reclaman trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social si así lo desean, evitar la equiparación fiscal de las aportaciones realizadas a la mutualidad con un plan de pensiones complementario y mejorar sus condiciones de jubilación.

Los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes castellanomanchegas han evidenciado este concierto, antes de plasmarlo en la votación, en el debate sustanciado en el pleno de este jueves, a raíz de las proposiciones del PSOE y de PP, con las que instan al Gobierno regional a pedir al central mejorar la protección social de estas colectivos profesionales.

VOX CRITICA QUE UN JUBILADO INMIGRANTE COBRE MÁS

Ha sido el representante del Grupo Parlamentario Vox, Luis Juan Blázquez, el que ha arrancado al punto, mostrando la preocupación de su formación por la situación de los mutualistas alternativos de la Abogacía y de la Procura, que sufren una situación "injusta".

"Estamos ante unas cotizaciones cautivas, pues no pueden ser rescatadas hasta la fecha de jubilación del mutualista y, además, en el caso de rescate total tributa como un mero plan de pensiones, cuando en realidad se trata de un sistema de prevención básico. Por otra parte, la opción de abandonar la mutualidad y optar por el RETA implica el comienzo desde cero en la cotización sin tiempo, impidiendo la posibilidad de jubilación de edad en una edad ordinaria. Esto provoca la prolongación del ejercicio profesional más allá de lo razonable y de lo que sería deseable", ha criticado.

Dicho esto, ha denunciado que muchos abogados y procuradores mutualistas, en el momento de su jubilación, perciban prestaciones de alrededor de 300 euros al mes, "cuando un ciudadano extranjero que cumple 65 años y lleva residiendo más de 10 años en España cobra
al mes casi 500 euros del Estado, con el impuesto de todos los españoles, habiendo cotizado cero días a la Seguridad Social".

"Esto, sin duda, es una auténtica vergüenza, señorías, y por eso debemos denunciar este atropello para dar voz a esos abogados y procuradores que quieren que reclamemos al Gobierno de la nación que sus aportaciones económicas y los derechos generados en las mutualidades durante años, en muchas ocasiones durante toda su vida, sean trasladados a la Seguridad Social y puedan tener una pensión digna", ha concluido.

EL PP VALIDA ESTA REIVINDICACIÓN "DE JUSTICIA"

En representación del PP, Tania Andicoberry, tras confraternizar con el colectivo, al que ha pertenecido en su anterior vida profesional, ha asegurado que se trata de una reivindicación "de sentido común y justicia", añadiendo que es un derecho básico.

"Es una realidad que viven miles de profesionales y que les está dejando, a muchísimos de ellos que trabajan por cuenta propia, sin la protección social necesaria y justa de la que pueden disfrutar el resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha lamentado.

Andicoberry, que también ha reparado en la "escasa" cobertura social que tienen los mutualistas, que no generan derecho a prestación por viudedad ni orfandad ni incapacidad permanente total, "por no hablar de los permisos de maternidad o paternidad o lactancia", ha defendido que la realidad de las personas que ejercen la abogacía y la procura "no es el cliché de la bonanza ni del exceso".

"La realidad más habitual de abogados y procuradores es la de profesionales que se pegan horas y horas en los pasillos de los juzgados, y que llevan procedimientos que se dilatan años y años y de los que no pueden percibir los honorarios hasta su finalización en el mejor de los casos. Letrados que están en el turno de oficio defendiendo los derechos de las personas más vulnerables y que lo hacen a cambio de prácticamente nada. Profesionales que parecen ocupar el último escalón de la Administración", ha denunciado.

De que ahí que, tras asegurar que la proposición que saldrá del Parlamento regional, aunque "no acaba con las penalidades", abre un buen camino, ha insistido en la necesidad de elevar esta petición "a donde sea necesario", porque es una realidad que afecta a miles de profesionales, "que no reclaman privilegios, que reclaman sus derechos sociales básicos, para no ser menos que cualquier otro trabajador de nuestro país".

EL PSOE MARCA DISTANCIAS CON VOX

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, también como abogada mutualista, ha celebrado que este colectivo profesional haya conseguido en esta undécima legislatura que los tres grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en algo.

No obstante, la representante del PSOE ha querido marcar distancia de las manifestaciones del representante de Vox que, siguiendo los postulados de su formación, ha vuelto a criticar las prestaciones que reciben las personas trabajadoras extranjeras.

"Señor Blázquez, no comparto todo lo que usted ha expresado para defender lo que hoy defendemos de manera unánime, pero desde luego sí esa resolución que de manera conjunta firmamos los tres", ha precisado.

"Vamos a apoyar esta lucha iniciada por el colectivo afectado y, desde luego, la resolución conjunta de los tres grupos con representación en estas Cortes de Castilla-La Mancha, con la que van a instar al Gobierno de España a realizar las actuaciones y las modificaciones legislativas necesarias, para permitir esa pasarela al RETA de abogados y de procuradores mutualistas".

EL APOYO DEL GOBIERNO DE C-LM

Ha sido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el que ha puesto el broche al debate, en el que ha ratificado el apoyo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha a la reivindicación de los profesionales de la Abogacía y la Procura, por considerarla "justa".

"Es de sentido común", ha dicho Ruiz Molina, que ha terminado dando la enhorabuena a este colectivo por conseguir que los tres grupos políticos tengan unanimidad en la resolución que recoge su petición. "Ya me gustaría que la pudiéramos ampliar a otros ámbitos" ha concluido.