VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El 19,5 por ciento de la población de Castilla y León no tendrá acceso al dinero efectivo en 2025 debido a la concentración bancaria y la digitalización del negocio bancario, según un estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada recogido por Europa Press.
En los próximos meses es previsible que el mapa bancario
español sufra una disminución de más de 5.000 oficinas y el resultado más inmediato "es un consecuente incremento de la brecha financiera en España", al ampliarse el número de poblaciones y ciudadanos que no tendrá acceso directo a servicios bancarios presenciales.
En el estudio que el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada publicó el año pasado sobre brecha financiera en España recogía que el 15 por ciento de la población de Castilla y León no tenía acceso a servicios bancarios esenciales, y estimaba que a nivel nacional,
en 2025, el 5 por ciento de la población quedaría excluida del circuito financiero presencial.
A la vista de los nuevos datos de reducción del mapa bancario, el Instituto señala que en ese horizonte el conjunto de ciudadanos sin acceso al dinero en efectivo será del 6,5 por ciento de la población a nivel nacional, una cifra que en Castilla y León se situaría en el 19,5 por ciento.
Según el último análisis, el 81 por ciento de las localidades de menos de mil habitantes de la comunidad no disponían de oficina bancaria ni de cajero automático.
Los datos recogidos por el Instituto indican que a finales de este año y al ritmo actual de cierre de oficinas bancarias, el número de las que permanecen abiertas al público estará por debajo de las 23.500 en toda España, "lo que retrotrae a datos de finales de los años setenta".
Según, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, los esfuerzos de las entidades bancarias por ofrecer cajeros automáticos
volantes, oficinas móviles y otras soluciones "no han logrado superar el problema de acceso al dinero en efectivo" de una población eminentemente "rural" que crece actualmente impulsado por la crisis sanitaria que ha generado movimientos poblacionales centrífugos.
El ritmo acelerado de cierre de oficinas bancarias es mucho más rápido que el ritmo de implantación de soluciones digitales que pueden compensar la ausencia de servicios financieros presenciales, lo que genera que más de cuatro millones de personas en toda España vayan a quedar excluidas "de facto del acceso al sistema financiero", ha asegurado el Instituto Coordinadas, quien asegura que "repercutirá en sus modos de vida de forma exclusivamente negativa".
Los peor de la situación, señala el análisis, es que si no se detiene este ensanchamiento de la brecha digital en los servicios financieros la discriminación se hará "crónica y frenará cualquier política de desarrollo y protección a las capas sociales más necesitadas".
Los problemas de tipo social y económico que esta falta de acceso al efectivo está generando en amplios estratos de población se van "a agudizar" y sus consecuencias serán "impactantes" en el conjunto nacional, señala el análisis del Instituto, que asegura que impedir o dificultar el acceso al dinero efectivo no hace otra cosa que "incrementar la desigualdad y fomentar un reparto injusto de la riqueza".
"Una sociedad sin acceso al dinero en efectivo es el paradigma de la desigualdad", recoge el análisis del Instituto Coordenadas.
El vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, ha explicado que la actualización del análisis sobre la brecha financiera "señala la relevancia del dinero en efectivo como un verdadero contrapoder en manos de los ciudadanos" ya que "con dinero en el bolsillo un ciudadano puede comprar, vender y ahorrar sin estar completamente supeditado a las exigencias del sistema financiero".
Asimismo, ha aseverado que la bancarización en España "es notable", pero las redes de comunicaciones digitales "no dan cobertura a amplias zonas rurales que sin cajeros ni medios digitales serán excluidas por
completo del sistema" y eso es algo que "de ninguna manera" la sociedad se puede permitir "por lesionar dos niveles claros necesitados de especial protección: mayores y migrantes".