Acuerdo para prohibir el uso de sujeciones mecánicas y bajar el ratio en las residencias

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este martes con el único voto en contra del PP a dos de los seis puntos de una moción defendida por el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea que ha planteado una reforma legislativa para "prohibir de forma taxativa" la utilización de las sujeciones mecánicas en las residencias, "salvo las indicadas por el médico de atención primaria si fuera imprescindible para la seguridad del paciente".

Además, los grupos en la oposición se han unido a la petición de Igea de reformar la ley y establecer que las residencias públicas de la Comunidad estén por debajo de las 120 personas y/o usuarios y que se obligue a todas las residencias concertadas a limitar el máximo de plazas previstas en la ley en un periodo máximo de tres años.

A esto ha añadido la modificación de la disposición adicional de la ley que regula la prórroga de la autorización a las residencias con más de ese número.

La procuradora 'popular' Lorena de la Fuente ha argumentado el rechazo a la moción de Igea por ser un "totum revolutum" en el que el político vallisoletano mezcla residencias, Ley de Dependencia, inmigración o pobreza infantil.

"Me va a ser muy difícil responderle a todo lo que no le gusta de nuestra Comunidad", ha ironizado De la Fuente que ha defendido que la norma autonómica promueve y regula "una atención libre de restricciones" con un cambio radical del carácter de los centros residenciales, "donde lo esencial no es que un centro tenga más o menos plazas, sino que se estructure en pequeñas unidades de seis plazas".

"Del totum revolutum ¿no les gusta nada, ni sus propias leyes, o es que tienen que votar que no porque tienen que votar que no? ¿Van a tratar así los próximos debates presupuestarios?", ha preguntado Igea al PP al que ha agradecido que esta vez haya intervenido en el debate de la moción.

Sin embargo, Igea no ha logrado sacar adelante otros cuatro puntos de su moción, entre ellos los que abogaban por elaborar un nuevo acuerdo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural una vez finalizado el previsto para el periodo 2018-2021, y por aplicar la ley de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León.

En el caso de Vox, la procuradora por Valladolid Rebeca Arroyo ha situado a los españoles "los primeros" y ha exigido una inmigración "legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación de las personas que vienen" sin subvencionar a las personas que lleguen a España de manera ilegal. "Somos un país de gente trabajadora que no quiere vivir ni de paguitas ni de ayuditas", ha aseverado.

Dicho esto, ha dado la bienvenida a las personas de otros países que lleguen respetando las normas de extranjería para entrar en España con un contrato de trabajo "y que vengan con el fin de integrarse y respetar las costumbres y tradiciones del país".

La procuradora socialista María del Carmen García Romero ha apoyado la moción de Francisco Igea con quien ha compartido la "imperiosa necesidad" de la reducción del número de usuarios y del número de plazas en los centros residenciales públicos y privados y ha defendido de forma expresa la petición de prohibición de la utilización de sujeciones mecánicas.

"Es imprescindible apostar por un sistema residencial público, todo lo contrario que hacen el PP y el señor Mañueco, en el que prevalezcan los sistemas de control, supervisión, transparencia, la gestión de los centros residenciales y que garantice el bienestar, la igualdad y el trato humanizado a todos los usuarios", ha defendido también.

Por último, desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el procurador leonesista José Ramón García Fernández ha dado el visto bueno a la moción de Igea desde el convencimiento de que todo lo que se pide "es lícito y se puede ejecutar" y porque "el diálogo es esencial".

García Fernández ha llamado también a ser empáticos con el sector de la población de los mayores y ha pedido "tratarles con dignidad y respeto".

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