Acuerdo para reducir a la mitad los plazos de consulta pública de documentos, como ocurre en España

VALLADOLID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes ha aprobado este miércoles con la unanimidad de todos los grupos la modificación de la Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León con lo que se reducirán a la mitad los plazos de consulta pública de documentos en archivos de diferentes administraciones, que pasarán de 50 a 25 años desde el fallecimiento del afectado si la fecha es conocida y de 100 a 50 años de no conocerse esta fecha.

Con la nueva ley, firmada por los cinco grupos con representación en las Cortes y aprobada por el procedimiento de lectura única, se de un dar un paso más en la reducción de los plazos de consulta pública de los documentos con información sobre personas físicas con el objetivo último de facilitar las investigaciones y homogeneizar los plazos en consonancia con la Ley del Patrimonio Histórico Español y con el resto de las legislaciones autonómicas.

Según ha reivindicado el procurador del Grupo Parlamentario Socialista Álvaro Lora, con esta modificación legislativa se trata de defender el derecho de los pueblos a conocer la verdad de lo que sucedió para trabajar contra el olvido, a lo que ha añadido que el cambio normativo se ha realizado desde el consenso y el pacto por lo que ha esperado que sea el punto de partida de otras iniciativas conjuntas para mejorar el trabajo de las asociaciones como la de la Recuperación de la Memoria Histórica que reclamaba esta actualización Lora ha vuelto a agradecer la diligencia de la Junta en su compromiso de modificar lo antes posible la Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León tras la aprobación unánime el pasado 20 de mayo en el Pleno de la Diputación de Valladolid de una proposición socialista para facilitar el derecho de las víctimas del franquismo al acceso a la información del Archivo Provincial de Valladolid, una "reivindicación histórica".

Por parte de Podemos, la procuradora Isabel Muñoz ha advertido una vez más de que, aunque "positiva", esta modificación legislativa sólo es "un primer paso" para, sin llegar a eliminar la protección a la intimidad de las personas, rebajar los plazos a 15 y 30 años en los dos supuestos contemplados por la norma para hacerlos más acordes con la actual sociedad de la información que demanda más transparencia.

En el mismo sentido se ha vuelto a pronunciar también el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, quien ha considerado "tardío" adaptar el texto en 2016 a una norma estatal de 1985.

"Sobran las palabras", ha ironizado, al igual que ha compartido el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, quien no ha dudado al criticar que "ya iba siendo hora" de reducir los plazos para la consulta de documentos.

Finalmente, Ángel Ibáñez, del PP, no ha dudado en afirmar que la modificación de la norma va a traer "muchos beneficios" a los sectores que se dedican a la investigación y ha defendido el "pragmatismo" de la Junta con esta norma en el deseo de que pueda ser operativa en el modo más rápido posible "por el bien de todos los investigadores".