Puente da un plazo de un mes para dar por resuelto el convenio e iniciar la disolución
VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha requerido este jueves al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León para que en el plazo de un mes "den cumplimiento" a las peticiones que se le han formulado relativas a los proyectos de varias obras del convenio para la integración ferroviaria de Valladolid y, de lo contrario, se iniciarán los trámites para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Así lo ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de participar este jueves en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio del proyecto ferroviario en la ciudad.
Puente ha explicado que Adif, dependiente de su Ministerio, ha reclamado a las instituciones gobernadas por el Partido Popular y que representan entre las dos el 50 por ciento de la participación en la SVAV, que cumplan "todos los requerimientos que se le han formulado" en los últimos tiempos relativos al proyecto de integración.
Así, ha detallado que se requiere la entrega de los proyectos del sector de Ariza, tres proyectos que según Óscar Puente "desde hace tiempo tendrían que haber entregado a la sociedad para la licitación de las obras, cosa que no han hecho"; además de la ampliación y la mejora del paso peatonal de San Isidro, encargado en el año 2020 y que "tampoco han entregado a la sociedad", el cumplimiento de la obligación de aportar la titularidad de los suelos donde se asientan los nuevos talleres, o el proyecto de las obras relativas a la urbanización de la calle La Salud.
Puente ha añadido que han otorgado el plazo de un mes para dar los pasos reclamados y se ha apercibido al Consistorio y la Junta de que las consecuencias del incumplimiento serán "la inmediata resolución del convenio de integración suscrito en el año 2017 y el inicio de las operaciones de liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad".
El representante socialista ha criticado que el alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, "puede jugar con la ciudad y sus vecinos", algo que ha asegurado que le "duele", pero ha apostillado que el Ministerio "no está dispuesto a que jueguen con él".
Puente considera que el convenio del proyecto ferroviario "no se está cumpliendo" por parte sobre todo del Ayuntamiento de la ciudad, mientras ha defendido que las relaciones entre las instituciones se deben regir "por los principios de buena fe, de lealtad".
De hecho, ha definido como "obstruccionista" la actitud del Ayuntamiento "para no cumplir con el convenio" y por lo tanto el Ministerio defiende que "no puede seguir ya soportando los constantes incumplimientos del Ayuntamiento de Valladolid".
Por ello, interpreta que la conclusión "de todo esto" es que Jesús Julio Carnero "aboca a la ciudad a la nada porque el soterramiento no se va a producir", y de hecho menciona la posibilidad de que finalmente "la realidad es que no va a haber nada, no va a haber soterramiento y tampoco va a haber integración". Ello considera que sería a causa "del deseo de un responsable político que si por algo se ha destacado en este tiempo es por su profunda desconsideración hacia la ciudad que hoy dirige".
CARNERO NO HA PARTICIPADO EN LA REUNIÓN
El exalcalde socialista ha criticado fuertemente a su sucesor en el cargo por no participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio, algo que ha aseverado que le ha provocado "absoluto estupor".
El ministro de Transportes sí que ha participado en ese encuentro, en el que el Ayuntamiento ha estado representado por el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, que en unas declaraciones remitidas a los medios ha señalado su sorpresa porque haya participado el propio Puente. Cabe apuntar que no se había informado por parte de las administraciones de que el ministro fuera a estar en dicha comisión.
El representante socialista ha defendido que fue el Ayuntamiento de Valladolid el que solicitó la reunión de la Comisión de Seguimiento.
"Y esto lo primero que pone de manifiesto es el doble lenguaje, el doble discurso y el nulo compromiso del alcalde de Valladolid con la operación de integración ferroviaria y con la operación del soterramiento del ferrocarril, que por un lado vende ante los ciudadanos con mucha intensidad, pero luego cuando llega la hora de sentarse a una mesa y tomar decisiones en el seno de los órganos competentes para ello, pues no acude", ha reflexionado.
A ello ha sumado Puente que, vista la agenda institucional del actual regidor, no le parecía que las citas supusieran una razón para justificar esta ausencia. Asimismo, ha defendido que él cuando era alcalde de la ciudad asistía a "todas las reuniones que se convocaban, tanto a la comisión técnica como a los consejos de administración, como a todas las reuniones que tenían que ver con la operación de la integración ferroviaria".
"Hoy como ministro desde luego no quería faltar, porque sí que me parece que es muy importante esta operación, tanto para el Ministerio que hoy dirijo como para la ciudad de Valladolid en la que un día fui alcalde", ha apostillado.
Finalmente, Óscar Puente ha considerado que está claro que el soterramiento "es inviable" por razones técnicas y económicas, por lo que induce que "la única posibilidad" de que el proyecto ferroviario siga adelante es la integración, "que se demuela el paso del Arco de Ladrillos", al respecto del cual el ministro no ha mencionado requerimiento alguno al Ayuntamiento.
También ha destacado la necesidad de que se mejore la conectividad en la avenida de Irún con tres pasos nuevos, e incluso ha apuntado que el Ministerio está dispuesto a mejorar el convenio de integración incluyendo en él otros pasos, como en la calle Daniel del Olmo.
Por todo ello, ha recalcado que quiere trasladar a los medios de comunicación y a la opinión pública su posición "suficientemente clara, suficientemente respaldada por informes técnicos, por informes jurídicos" y que desea las administraciones local y autonómica "tomen las decisiones que consideren oportunas".